A pesar de que la legislación venezolana establece que las empresas públicas y privadas deben incluir en su nómina a un cinco por ciento de personas con discapacidad, quienes se movilizan en sillas de ruedas ven muy difícil conseguir un trabajo formal, pues en la mayoría de las edificaciones de estas compañías no hay rampas para poder desplazarse.
