Alejandro Pizano, hijo de un auditor interno clave en el proceso de investigación por corrupción de Odebrecht, en Colombia, murió producto de un envenenamiento por cianuro, reveló la Fiscalía General de la nación sudamericana.
Alejandro había llegado a Colombia para el entierro de su padre, el empresario Jorge Enrique Pizano. Las muertes, ocurridas en un lapso de 72 horas, escandalizan al país.
Las autoridades, inicialmente dijeron que Jorge Enrique murió de un ataque al corazón, pero la decisión ahora está siendo revisada luego de que su hijo murió al haber estado expuesto al cianuro contenido en una botella de agua saborizada que se encontraba en el escritorio de su padre, informó María Paulina Riveros, vicefiscal General de la Nación.
Pizano habría encontrado posibles pagos de sobornos en un proyecto vial de 2.000 millones de dólares, realizados conjuntamente con el gigante de la construcción brasileña Odebrecht.
El pasado fin de semana, el canal colombiano Noticias Uno, publicó algunas pruebas que, según el informativo, Pizano entregó en agosto con la condición de que fueran publicadas, una vez tuviera protección internacional o falleciera. Incluso, entregó unos audios que comprometen al hoy fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, un aliado clave de Estados Unidos en la guerra contra las drogas.
"Ya te metiste en esto y eres el único idiota que puede terminarlo", le dice Martínez a Pizano en una conversación transmitida el lunes por el programa.
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Pizano admite que no puede estar seguro de que los pagos sospechosos fueron sobornos, lo que sugiere que pueden haber sido incluso gastos para grupos paramilitares, y la conversación termina con Martínez diciéndole a Pizano que no discuta el asunto con otros.
La grabación de Pizano data de junio de 2015, justo cuando el escándalo por los pagos de soborno comenzaba a envolver a Odebrecht, revelando que eso conduciría a cargos criminales contra decenas de políticos y ejecutivos de negocios en toda América Latina.
Según Noticias Uno, en agosto de 2015, cuando Pizano y Martínez Neira conversaron sobre el contrato de construcción de carreteras la Ruta del Sol II, éste (Martínez)acababa de retirarse del gobierno de Santos, e iniciaba su campaña para ser fiscal y habló con Pizano, cuando era apoderado de Corficolombiana -empresa de Luis Carlos Sarmiento Angulo-.
Más tarde, Martínez se convirtió en fiscal general en 2016, a pesar de las quejas sobre su trayectoria corporativa y sus años de servicio al Grupo Aval, un conglomerado bancario que cotiza en la Bolsa de Nueva York y está dirigido por Angulo, el hombre más rico de Colombia que se alió con Odebrecht.
Se recusó formalmente cuando su oficina abrió una investigación sobre los contratos de Aval Group-Odebrecht, en 2017, acusó a un viceministro y ex senador de aceptar sobornos y emitió órdenes de arresto contra varios intermediarios, así como el exjefe de la unidad de Aval involucrado en el consorcio.
Desde entonces, Martínez ha acusado a Odebrecht de desembolsar casi 50 millones de dólares en sobornos en Colombia, o más de tres veces la cantidad que la compañía reconoció a las autoridades de Estados Unidos. Pizano estaba bajo investigación por un proyecto no relacionado de Odebrecht.
Ahora la grabación sobre rastros de coimas ha revivido las llamadas para que Martínez renuncie. El sindicato que representa a miles de trabajadores judiciales Asonal Judicial pidió el martes la renuncia de Martínez, diciendo que su aparente fracaso en denunciar la corrupción que aprendió en su práctica legal socava su credibilidad como el abanderado de las luchas de los colombianos por la justicia.
Martínez, a través de un portavoz, declinó una solicitud de comentarios. En cuanto a las grabaciones, indicó, según el medio radial LA FM, que dicha conversación, relacionada con el contrato de construcción de carreteras se dio debido a la amistad que tenía con el entonces auditor de ese proyecto y negó que conociera las irregularidades.
Martínez ha rechazado las acusaciones de que está abusando de su autoridad para proteger a su antiguo empleador, hechas por Luis Andrade, el exjefe de la agencia de infraestructura de Colombia, quien dice que los cargos son una venganza de Martínez por su intento -al inicio del escándalo- de invalidar el contrato de la autopista Aval-Odebrecht.
"Jorge Pizano fue un hombre valiente que se atrevió a rendir testimonio contra Odebrecht y Aval", dijo Andrade. "Desafortunadamente, le costó la vida".
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Odebretch en Colombia
En 2014, una corte del Distrito de Nueva York (Estados Unidos) abrió un proceso judicial en contra de Odebrecht; se señalaba que esta empresa, entre 2009 y 2014, promovió pagos corruptos por más de un millón de dólares para asegurar contratos de obras públicas.
En 2016, en un acuerdo de declaración de culpabilidad con el Departamento de Justicia de EE.UU., Odebrecht admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos para obtener contratos en 12 países, incluidos 11.1 millones de dólares en Colombia. Según medios locales, la Fiscalía de este país dice que la multinacional pagó sobornos por 84 mil millones de pesos (28,02 millones de dólares).
La fiscalía, según el diario El Espectador, abrió un grupo de trabajo especializado de tres fiscales y 20 investigadores para dedicarse únicamente el coletazo del escándalo internacional en Colombia.
A comienzos del año pasado, un viceministro y otros políticos comenzaron a ser detenidos. Y, en febrero de 2017, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo que 1 millón de dólares que Odebrecht le había girado a un senador habían ido a parar a la campaña presidencial en 2014 del expresidente Juan Manuel Santos, lo que el mandatario pidió que se investigara.
En julio, el caso llega al Congreso de la República, donde se pide investigar a cuatro congresistas y un exsenador. Y en julio, la fiscalía anunció imputación de cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito a Gustavo Adolfo Torres Forer, representante legal de la Compañía de Profesionales de Bolsa.
En noviembre de este año, Odebrecth ofreció a Colombia una indemnización por 106 mil millones de pesos (unos 33.8 millones de dólares), la cuales fue rechazada por las autoridades, pues la propuesta pretendía además, frenar los procesos de investigación que se adelantan.
