Estados Unidos comenzó a exigir a todas las personas que apliquen a un visado dar sus todos los nombres de usuario de redes sociales, direcciones de correo electrónico y números de teléfonos que han usado en los últimos cinco años.
La medida, anunciada por el Departamento de Estado, afectará a los casi 15 millones de personas que piden un visado estadounidense cada año, según informó Associated Press.
El gobierno del presidente Donald Trump propuso por primera vez estos cambios en marzo de 2018. La medida es parte de la expansión de un proceso de “escrutinio extremo” para todos los inmigrantes y visitantes que llegan a EE.UU. Los únicos solicitantes a los que no se les aplicará estas nuevas reglas son las personas que piden visas oficiales o diplomáticas.
El Departamento de Estado confirmó a AP la semana pasada que ya se habían hecho los cambios a los formularios de visa de inmigrante y no inmigrante para requerir la información adicional.
Los formularios piden que la información de los usuarios empleados en redes sociales en los últimos cinco años al igual que números de teléfono, viajes internacionales e historial de deportación. También se pregunta al solicitante si algún familiar ha estado involucrado en actividades terroristas.
Si una persona se niega a revelar esa información, dijo a la Voz de América el abogado John Pratt, hay una alta probabilidad de que se le sea negado el visado ante la tipificación de un "posible fraude migratorio".
"Se dan cuenta que fue una mentira en la aplicación y esa mentira puede llegar a ser la base para negar la visa por un fraude”, dijo Pratt.
El Departamento de Estado dijo en un comunicado que los nuevos requisitos buscan mejorar el proceso de escrutinio para reforzar la seguridad nacional.
Un funcionario del departamento dijo al portal de noticias The Hill que las redes sociales han sido usadas en los últimos años como una herramienta para promover “actitudes y actividades terroristas”.
El funcionario añadió que los nuevos requisitos pueden ser una valiosa herramienta para “impedir que terroristas, personas que sean un riesgo para la seguridad pública y otros individuos peligrosos ganen beneficios migratorios y toquen suelo estadounidense”.
La medida, no obstante, fue criticada por defensores de derechos humanos. Hina Shamsi, directora de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo al portal The Huffington Post que se trataba de una “propuesta peligrosa y problemática”.
“No hace nada por las inquietudes respecto a la seguridad, sino que plantea problemas importantes de privacidad y sobre la Primera Enmienda tanto hacia los ciudadanos como los inmigrantes", dijo Shamsi.
“Está demostrado por estudios que este tipo de monitoreo tiene efectos escalofriantes, lo que significa que es menos probable que las personas hablen libremente y se comuniquen con otros en las comunidades en internet que son ahora esenciales para la vida moderna”, agregó la directora.
El abogado de inmigración Ángel Leal dijo a la VOA que lo más probable es que la medida sea llevada a una corte federal ante una demanda de organizaciones defensoras de derechos civiles, como ACLU, por coartar la libertad de expresión.
