El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto a través del cual las empleadas domésticas tendrán derecho a obtener subsidio en caso de desempleo y estarán protegidas ante los despidos sin causa justificada.
Según informó Moncloa en un comunicado, “también disfrutarán en plena igualdad de los derechos de información sobre sus condiciones laborales, y el Ejecutivo pondrá en marcha políticas de formación y acreditación específicas”.
Será obligatorio que las trabajadoras del sector coticen por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) a partir del 1 de octubre.
“Esta norma hoy permite que tengamos un país mejor. Un país mejor que pone en el centro el bienestar para las que hasta el día de hoy han sido las grandes olvidadas, las mujeres trabajadoras más vulnerables” afirmó en rueda de prensa tras el Consejo de ministros la vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Asimismo, Díaz apuntó que más de un tercio de las trabajadoras del hogar superan los 55 años, más de la mitad llevan a cabo ese trabajo a tiempo parcial y que un 44% de las integrantes son extranjeras.
La medida también fue celebrada por diferentes organizaciones que luchan por los derechos de los trabajadores y de los inmigrantes.
“¡Por fin! Esta decisión es un paso más hacia la igualdad y no discriminación de las mujeres migrantes” afirmó a través de twitter la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Por su parte, la unión Comisiones Obreras (CCOO), valoró a través de un comunicado como “muy positiva” la mejora de las condiciones de trabajo, a las que calificó como “una vieja reivindicación del sindicato”. Sin embargo, la organización también señaló que aún queda pendiente regular otros aspectos del sector, como “el derecho a la negociación colectiva para este sector de los servicios, o el papel de la Inspección de Trabajo”.
El pasado mes de febrero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que el régimen laboral de las empleadas del hogar en España era “discriminatorio” por no reconocer el derecho al paro a las integrantes del sector.
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