Lograr la paz en Colombia, un país que ha sido atacado durante años por diversos grupos armados, es un proceso con múltiples factores, aseguró en entrevista con la Voz de América Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación en Colombia.
La implementación del Acuerdo de Paz entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno en 2016 no es suficientes para alcanzar ese objetivo, dijo Archila a propósito de la presentación este jueves del informe del secretario general de la ONU, António Guterres, ante el Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
"Siempre debió haber sido claro, evidente, que lograr una paz estable y duradera en Colombia no podía ser solamente con la implementación [del Acuerdo], entre otras razones, porque continuaba la violencia de grupos que preexistían, que estaban antes y que nunca entraron dentro del proceso", dijo el consejero.
El informe de Guterres muestra preocupación por “las amenazas a la consolidación de la paz, especialmente la persistencia de la violencia en zonas priorizadas para la implementación”.
El Acuerdo de Paz ha “avanzado con alrededor de 13.000 excombatientes que están dentro del proceso de reincorporación”, dice el informe, pero en el momento de la firma, otros grupos armados ya existían, sumado a los disidentes de las FARC, los cuales “son una amenaza para el proceso”.
El informe, presentado por el representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, insiste en la preocupación por la violencia y amenazas contra los excombatientes y dice que este sigue siendo el principal problema para su transición a la vida civil.
Hasta la fecha, según el informe, que abarca el periodo del 25 de septiembre al 27 de diciembre de 2021, han sido asesinados 303 excombatientes, incluidas 10 mujeres. Además, 79 excombatientes, incluidas 4 mujeres, han sido víctimas de intentos de homicidio y 25 han sido reportados como desaparecidos. En el último trimestre del 2021, fueron asesinados 10 excombatientes, incluida una mujer.
Al respecto, Archila, el asesor presidencial para implementar el Acuerdo de Paz de 2016, señaló que esta también es una de las prioridades que el Gobierno de Colombia comparte con la misión de verificación, pero que en todos los proceso de desarme, “tristemente han habido ataques y muertes". En el proceso en Colombia "ha habido muchísimo menos”, agregó.
El informe de la ONU dice que el número de asesinatos de excombatientes se ha reducido un 27%, pero que la Misión ha observado que “cada vez son más numerosas las amenazas de grupos armados ilegales contra excombatientes”.
En cuanto a las acciones para mitigar esta preocupación, Archila habló sobre “50 medidas de protección, que van desde cursos para que ellos tengan hábitos que sean protectores, hasta medidas fuertes, como carros blindados”, así como una unidad especial de la Fiscalía que analiza situaciones violentas y asesinatos de excombatientes.
El organismo internacional también alertó sobre el asesinato de 34 defensores de derechos humanos en los últimos tres meses del año pasado, y el desplazamiento de más de 72.000 personas y 56 masacres registradas en 2021.
Al respecto, Archila dijo que “el argumento de que vincula algún incumplimiento de los acuerdos con esas afectaciones es simplemente un argumento politiquero”.
Según la Fiscalía colombiana, dijo Archila, la gran mayoría de esas situaciones están ligadas a “conflictos por corredores de narcotráfico, actividades de minería ilegal, temas de despojo de tierras y, en el despojo de tierras, algunos elementos muy ligados a los temas medioambientales”.
Sobre la lucha antidrogas, Guterres reconoció en su informe que se han erradicado 45.002 hectáreas de cultivos de coca voluntariamente y están apoyando a casi 100.000 familias vinculadas a este proceso, pero manifestó preocupación “por el lento ritmo de implementación de los proyectos”.
Por otro lado, el secretario general reiteró su llamado al Gobierno y a las entidades del Estado para que no escatimen esfuerzos en la implementación integral del Acuerdo.
“El secretario nos invita a que sigamos en la inversión y obviamente que vamos a seguir por esa ruta, que es una ruta exitosa”, agregó Archila, quien explicó que en esos 170 municipios, el presupuesto anual es al alrededor de un millón de dólares cada uno, y en sólo tres años se ha logrado invertir 12 billones de pesos —un poco más de 3 millones de dólares— en esas regiones, sin deudas.
Puntos positivos
El secretario General de la ONU, quien visitó Colombia en noviembre del 2021 y verificó personalmente cómo avanza la implementación, resaltó en su informe que “Colombia está demostrando el valor de invertir en la paz”.
Uno de los puntos que resaltó fue la creación de condiciones para la transición a la vida civil de esos excombatientes que dejaron las armas. Señala que, a cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, casi el 59% de los más de 13.000 excombatientes acreditados, incluyendo el 64% de las mujeres excombatientes, participan en proyectos productivos.
La ONU también destacó que en el último trimestre del 2021 se aprobaron ocho proyectos productivos colectivos nuevos para 213 excombatientes, incluidas 64 mujeres. Y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización aprobó 370 proyectos individuales adicionales, en los que participan 436 excombatientes, incluidas 100 mujeres.
En ese sentido, Archila destacó que de 13.000 excombatientes, después de tres años y medio de Gobierno del presidente Iván Duque, el 98% de ellos están bancarizados, el 85% está en el sistema de pensiones colombiano y el 85% está en el sistema de salud colombiano. Esos índices son "muy por encima de los promedios que hay aún en las zonas urbanas de Colombia".
En materia de proyectos productivos, dice que su país cuenta con un censo detallado de las actividades de cada uno de los trabajadores y empresarios que, en su mayoría, se desempeñan en actividades agrarias.
El objetivo del Acuerdo de Paz en Colombia fue poner fin a más de 50 años de un conflicto armado que dejó más de 260.000 muertos y 6 millones de desplazados en todo el país.
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