Representantes de organizaciones de derechos humanos de El Salvador consideran que el Estado debe esclarecer las circunstancias en que murieron más de una decena de reos, la mayoría de ellos capturados durante el Régimen de Excepción que está vigente por segundo mes consecutivo.
Las autoridades de la Dirección de Centros Penales mantienen hermetismo en torno a los casos, que han sido documentados por la prensa salvadoreña, mientras la jefa jurídica anticorrupción de la Organización Cristosal, Ruth López, dijo que es responsabilidad del Estado aclarar las causas de las muertes ocurridas en el sistema penitenciario.
“Para que investigue, por supuesto, se deduzcan las responsabilidades y también penal de las personas que pudieron estar involucradas en estas lesiones y que llegaron a producir la muerte de estas personas”.
Según publicaciones del diario La Prensa Gráfica, las autopsias revelan que la mayoría de los decesos de los reos se debió a politraumatismos que les afectaron distintos órganos y unos cuatro fallecimientos se debieron a enfermedades crónicas que padecían los reclusos.
¿Cómo afecta el régimen de excepción el derecho a la defensa?
El llamado régimen de excepción para perseguir la criminalidad en El Salvador limita también el derecho de defensa y, según Ruth López, los masivos requerimientos que presenta la fiscalía sobrepasan la capacidad instalada de los juzgados especializados.
“Ese juez está procesando en ese momento más de 150 personas. Son audiencias masivas, la individualización de todas estas conductas, de todas estas personas, de la actividad que realiza cada una de estas personas, no es posible hacerlo en una audiencia de este tipo”.
Voceros de la oficina de prensa de la Dirección de Centros Penales dijeron que solamente los funcionarios del sistema penitenciario y de la fiscalía están autorizados para informar de los procesos que siguen contra más de 28.000 personas que han sido capturadas o acusadas de tener vínculos con estructuras criminales.
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