Una iniciativa del gobierno de El Salvador para expropiar inmuebles que serían utilizados para obras municipales e institucionales está generando incertidumbre sobre el derecho de propiedad privada en el país centroamericano.
El gobierno pidió al Congreso, a través del Ministerio de Gobernación, que estudie y apruebe la llamada Ley de Expropiación.
Juristas independientes y organizaciones no gubernamentales han expresado dudas sobre el proyecto, que no define cuáles son los parámetros que aplicará la oficina de Obras Municipales, recientemente creada por el Gobierno, para declarar la primacía de un inmueble de utilidad social para solicitar a un juez la expropiación cuando el propietario se niegue a venderlo.
“Para que se dé una expropiación forzosa, son cuatro requisitos fundamentales que deben cumplir: primero debe haber una declaratoria de lo que se persigue, la segunda una necesidad indispensable de obtener ese bien o parte, la otra a es la determinación del precio y finalidad”, explicó el abogado Julio Valdivieso.
Organizaciones como la Fundación Transparencia y Democracia, DTJ, dicen que la ley debe evitar la discrecionalidad para evitar abusos que vulneren la seguridad jurídica de la propiedad privada
Según el analista Marvín Aguilar, los temores por la propuesta tienen como base de que en El Salvador los propietarios de inmuebles los declaran por debajo de los precios reales de mercado.
“El problema es que esta ley pareciera ser que no te deja aclarar a ti, no dice qué te van a pagar con los precios del mercado. El estado puede decir ‘mire, usted ha declarado esa propiedad en 5.000 dólares, entonces eso la vamos a pagar’”, dijo Aguilar.
Según el Gobierno, la petición para esta ley se fundamenta en que la Constitución de El Salvador reconoce la propiedad privada en función social y añade que los proyectos que ejecute la Dirección de Obras Municipales serán en función de urgencia, beneficio público y prioritarios para el país.
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