Ni siquiera en las elecciones de 1990, cuando Nicaragua estaba sumergida en una guerra en que algunos historiadores estiman que murieron más de 50.000 personas, se vieron unos procesos electorales tan anómalos como ahora, dijo a la Voz de América el exdiputado Eliseo Núñez.
De hecho, así se refleja en el libro “La difícil transición nicaragüense”, escrito por el fallecido ministro de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, Antonio Lacayo. En dichos comicios se permitió la observación electoral y la candidata tuvo reuniones con importantes delegaciones de Estados Unidos y Europa.
Chamorro fue recibida antes de los comicios por el entonces presidente estadounidense George Bush en la oficina oval y también estuvo en varias capitales europeas, a las cuales les pidió la asistencia de observadores.
Las campañas electorales fueron maratónicas, relata Lacayo en su libro, al punto de que hubo momentos en que se improvisaron algunos cordones de seguridad para proteger a la candidata presidencial.
Un poco más de 30 años después, miles de nicaragüenses esperaban con ansias las elecciones de este año, tras la crisis de 2018 que marcó un antes y un después por la muerte de 300 opositores y el exilio de unas 100.000 personas que salieron a las calles exigiendo la dimisión del mandatario sandinista, Daniel Ortega, que volvió al poder en 2007.
Por ello, el proceso electoral tuvo inicialmente la misma relevancia con la que se dio en 1990, pero las condiciones fueron cambiando poco a poco y Ortega, lejos de preparar un panorama adecuado, anuló de facto el proceso al encarcelar a opositores, anular personerías, entre otras cosas.
Estos son cinco puntos por los cuales los opositores consideran esta elección como la peor de los últimos 30 años en Nicaragua.
1. Ausencia de observadores internacionales
A inicios de mayo de este año, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó unas reformas en donde anularon la observación electoral, desoyendo las propias recomendaciones de la OEA al Gobierno de Ortega.
En la reforma se cambió la observación electoral, por el "acompañamiento electoral", el cual meses después fue explicado por la magistrada del Tribunal Electoral, Mayra Salinas, señalada de ser afín al oficialismo.
La diferencia, según ella, radica en que los observadores “quieren estar por encima de tu proceso nacional, de tu legislación y quieren incluso intervenir en los aspectos que no deben intervenir porque tu legislación no lo permite”.
“El acompañante internacional es como el amigo que llega a tu casa, que vos lo invitás para que llegue a tu casa y que pueda acompañar en un proceso de compartir, de ver, de disfrutarlo, de conocerlo y que pueda hacer recomendación efectivamente, pero el observador se te pone como que está por encima de tu proceso nacional”, indicó.
2. Precandidatos presidenciales están en prisión
Posteriormente, el mandatario inició una jornada de arrestos contra los precandidatos a la presidencia que gozaban de apoyo popular, según encuestas independientes y de prestigio como la de Cid Gallup.
Inició con la de mayor popularidad: Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios.
La fiscalía acusó a Chamorro de lavado de dinero por medio de una organización que lleva el nombre de su madre y que tenía como fin promover la libertad de prensa.
“Esto es muy sencillo y voy a usar una palabra nicaragüense: el hombre (Ortega) está cagado. Se cagó de miedo, de pánico, porque Cristiana ha subido como la espuma”, dijo en entrevista pasada a la VOA, Claudia Lucía Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios.
Luego siguió el exembajador y catedrático Arturo Cruz, tras retornar este de un viaje a Estados Unidos. Su detención fue el 5 de junio en el Aeropuerto de Managua y las autoridades emitieron un comunicado indicando que era acusado de traición a la patria.
Tres días después, Ortega ordenó el arresto de dos precandidatos presidenciales más: Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga.
El 20 de junio en horas de la noche también fue arrestado Miguel Mora, igualmente precandidato a la presidencia y expreso político en 2018.
Quince días después fue detenido el líder campesino y aspirante a la presidencia Medardo Mairena, también con altos niveles de simpatía.
Y finalmente Ortega abrió una causa por medio del sistema judicial a Noel Vidaurre, uno de los últimos candidatos inscritos oficialmente en un partido político de oposición.
En total son siete los precandidatos detenidos.
“Claramente es, si no una de las peores, la peor elección que ha vivido Nicaragua en los últimos 30 o 40 años. Ortega eliminó a su competencia llevándolos a la cárcel. Eso no pasó ni siquiera en 1984 a mitad de la guerra”, enfatiza a la VOA el exdiputado Eliseo Núñez”.
3. No se permitió campaña electoral por la pandemia
También el Consejo Supremo Electoral, señalado de ser afín a Ortega, emitió unas medidas restrictivas alegando la pandemia del COVID-19 para los partidos que participan en la contienda, y los cuales son señalados de “legitimar” al mandatario sandinista.
El CSE redujo el periodo de campaña y ordenó que no se hagan convocatorias de no más de 200 personas. Además de eso, los partidos tendrán como máximo hora y media de campaña.
“Con estas restricciones es primera vez que se da algo así”, valora el analista político Edgar Parrales, quien recordó que en las primeras elecciones en Nicaragua después del triunfo de la Revolución Sandinista “hubo campañas”, y que incluso en medio de la guerra en 1990 también se lanzaron convocatorias donde se permitió a la oposición hacer campañas.
4. Daniel Ortega y Rosario Murillo se postulan como candidatos en medio de señalamientos de crímenes de lesa humanidad por las protestas de 2018
Desde el retorno al poder en 2007 de Daniel Ortega, el mandatario sandinista fue creciendo levemente en el apoyo popular. Algunos expertos sostuvieron en su momento que se debió al espaldarazo que dio el fallecido líder venezolano Hugo Chávez a Managua, lo cual fue utilizado por Ortega para crear programas “clientelistas” y considerados “populistas”.
Sin embargo, la caída de la poca popularidad que había alcanzado Ortega se dio tras la crisis de 2018 donde murieron varios estudiantes y los expertos independientes acusaron al mandatario y a su esposa de dichos “crímenes”, algunos considerados de “lesa humanidad”.
El analista político Eliseo Núñez cree que Ortega cierra la vía electoral porque está más consciente, “incluso que muchos opositores, de la enorme debilidad que tiene en apoyo popular”.
“Ortega es un líder de minoría, con una capacidad de organización alta que termina controlando al resto de la sociedad a costa de mecanismos de autoritarismo, fuerza y demás. Esa es la razón por la cual no se arriesga por la vía electoral. De hecho, en 2007 gana porque la oposición se divide, no por votos”, dice.
5. Ortega canceló la mayoría los partidos de oposición
Y finalmente la estocada al proceso electoral se dio el 6 de agosto, tres meses antes de los comicios. De forma sorpresiva el Tribunal Electoral canceló la personalidad jurídica al Partido Ciudadanos por la Libertad, considerado el último bloque oposición que quedaba en pie en Nicaragua.
Meses atrás también habían sido anulados dos partidos de oposición. El Partido de Restauración Democrática (PRD) y el Partido Conservador, cuyos dirigentes denunciaron que Nicaragua iba en camino a una de las peores elecciones de la historia, tal y como había señalado el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
“La decisión del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo el 6 de agosto de prohibir al último partido genuino de oposición participar en las elecciones de noviembre subraya su deseo de permanecer en el poder a toda costa”, criticó el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado, en el que además calificó la maniobra como “autocrática”
Por otro lado, Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, apuntó que Daniel Ortega y Rosario Murillo han aplastado las posibilidades de un proceso electoral “creíble y legítimo” tras la cancelación del último bloque de oposición.
“Su decisión, llevada a cabo por el Consejo Supremo Electoral, el 6 de agosto, de despojar de su personalidad jurídica al último partido político de la oposición antes de las elecciones generales de noviembre, aplasta las perspectivas de un proceso electoral creíble y legítimo. La oposición ha sido eliminada”, indicó Borrell.
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