A pocos días de cumplir dos años de vigencia, el Congreso salvadoreño aprobó el viernes una nueva prórroga de 30 días del régimen de excepción que suspende derechos constitucionales, con lo cual continúa la política gubernamental de mano dura contra las pandillas.
Esta es la 24ta extensión de la medida, que se aplica desde el 27 de marzo de 2022, luego de que en un solo día las pandillas asesinaron a 62 personas en todo el país. La medida suspende el derecho de asociación y permite a las autoridades intervenir correspondencia y celulares de las personas a las que se considere sospechosas.
Además, el plazo de detención administrativa —sin pasar a disposición judicial— se extendió de 72 horas a 15 días. Los detenidos pierden el derecho a ser debidamente informados de los motivos de su aprehensión y a acceder a un abogado para su defensa.
La suspensión de garantías constitucionales no contempla restricciones a la libre circulación.
La violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente desde 2015, cuando se registraron más de 6.656 homicidios y era considerado uno de los países más peligrosos del mundo. La nación centroamericana concluyó 2023 con 214 asesinatos, entre ellos 38 homicidios de presuntos pandilleros, que fallecieron en supuestos enfrentamientos con la policía y las fuerzas armadas.
Según cifras oficiales, en enero se registraron nueve homicidios y en febrero seis, con lo que suman 15 en los dos primeros meses del año. En lo que va de marzo se han reportado tres homicidios.
La nueva prórroga —aprobada con los votos de 67 de los 84 diputados— estará vigente desde el 12 de marzo al 10 de abril. La última prórroga finaliza el lunes 11 de marzo, 15 días antes de que se cumplan dos años de que el gobierno decidiera implementar la medida, que a la fecha suma unas 78.175 personas detenidas. El mismo gobierno ha tenido que liberar a cerca de 7.000 por falta de pruebas.
“Estamos experimentando un logro sin precedentes en la historia de El Salvador. Transformamos la realidad de nuestro país y continuaremos esforzándonos incansablemente por lograr la verdadera justicia”, dijo en la red social X el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
En la solicitud del Gabinete de Seguridad, éste argumenta la necesidad de prorrogar el régimen de excepción, “dado que aún permanecen miembros terroristas y sus liderazgos en libertad, quienes mantienen su agresión a la población y cuerpo de seguridad”, y advierte que suspender la aplicación de las medidas propiciaría un retroceso en la seguridad de la población.
El presidente Nayib Bukele aseguró que febrero fue el mes más seguro de la historia de El Salvador, un nuevo dato con el que refrenda “el éxito” de su política de mano dura contra estos grupos criminales, a los que se responsabiliza de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.
La organización activista Cristosal registra más de 3.500 denuncias de violaciones a derechos humanos cometidos supuestamente durante el régimen de excepción, entre capturas arbitrarias, torturas y otras agresiones.
Amnistía Internacional sostiene que durante el régimen de excepción ha habido desapariciones forzadas, torturas y muertes arbitrarias bajo la custodia del Estado, tratos crueles e inhumanos, hacinamiento carcelario y criminalización de personas que viven en la pobreza.
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