Un juzgado salvadoreño ordenó el jueves elevar a juicio el caso en contra de altos mandos de las fuerzas armadas en retiro a los que se les atribuye haber participado en el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982 mientras cubrían la guerra civil en el país centroamericano.
El exministro de Defensa Nacional, general José Guillermo García, y el exdirector de la extinta Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán, enfrentarán la etapa de juicio, acusados como autores mediatos del delito de asesinato. Desde octubre de 2022, ambos, ya en edad avanzada, han permanecido bajo custodia policial en un hospital privado de la capital.
En enero de 2016, el exministro García fue deportado de Estados Unidos después de que un juez lo declarara responsable de graves violaciones a los derechos humanos durante los primeros años del conflicto armado en El Salvador.
La resolución judicial también incluye al excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería con sede en El Paraíso, Chalatenango, coronel Adalberto Reyes Mena, quien es acusado de asesinatos en la modalidad de comisión por omisión. Para él, el juzgado ha ordenado tramitar su extradición, ya que reside en Virginia, Estados Unidos.
Otros militares, como el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Rafael Flores Lima, y el sargento Mario Canizales Espinoza, también fueron acusados de participar en el crimen. Sin embargo, tras el fallecimiento de ambos, la justicia cerró sus casos. Según las investigaciones, el sargento Canizales dirigía la patrulla que perpetró la emboscada y masacre de los periodistas.
"La decisión de la jueza de dictar auto de elevación a plenario para llevar a juicio al exministro de Defensa, José Guillermo García, al exdirector de la Policía de Hacienda, Francisco Antonio Morán, y al excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, Mario Adalberto Reyes Mena, es un hito histórico en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas y sus familias", expresó en un comunicado de prensa la Fundación Comunicándonos, que representa en el país a las familias de las víctimas.
"Estamos ante un hecho realmente muy importante, un paso firme hacia el esclarecimiento del caso en la búsqueda de la verdad. La elevación a plenario significa que no existe ninguna causal para sobreseer a los procesados", afirmó el abogado del caso, Pedro Cruz.
En marzo de 2022, familiares de las víctimas y representantes del gobierno de Holanda y de la Unión Europea exigieron a El Salvador que lleve ante la justicia a los responsables del asesinato de los periodistas holandeses Jan Kuiper, Koos Koster, Hans ter Laag y Joop Willemsen, un hecho documentado por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas. Esta comisión recopiló los crímenes cometidos en El Salvador durante los 12 años de guerra civil, entre 1979 y 1992.
En octubre de 2022, el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, ordenó la captura de cinco exmilitares, incluido el general y exministro José Guillermo García Morán, así como del coronel Mario Adalberto Reyes Mena, quien era comandante de la Cuarta Brigada de Infantería de El Paraíso, Chalatenango, al momento de los hechos. También se ordenó la captura del exsargento Mario Canizales Espinoza y del general Rafael Flores Lima.
Este crimen, al igual que muchos otros perpetrados durante la guerra civil, no fue investigado ni sus responsables procesados debido a la Ley de Amnistía General promulgada durante el gobierno del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocos días después de la publicación del informe de la Comisión de la ONU, que calificó el asesinato de los periodistas como un crimen de lesa humanidad.
En su informe, la Comisión de la ONU concluyó que existe plena evidencia de que el asesinato de los periodistas fue resultado de una emboscada planificada por Reyes Mena, con el conocimiento de otros oficiales. Esta emboscada se basó en un reporte de inteligencia que alertó a las autoridades sobre la presencia de los periodistas en la zona.
Días antes del asesinato, agentes de la Policía de Hacienda, vestidos de civil, llevaron a los reporteros a su cuartel para interrogarlos, después de enterarse de que habían estado en contacto con guerrilleros.
"El Estado no cumplió con la obligación de investigar, procesar y sancionar a las personas culpables, como es su deber de acuerdo con el derecho internacional", señaló la Comisión de la ONU en el texto.
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