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El Salvador: ordenan captura del expresidente Alfredo Cristiani y cuatro militares por matanza


ARCHIVO - El expresidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, participa en una asamblea política en San Salvador, el 10 de octubre de 2008.
ARCHIVO - El expresidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, participa en una asamblea política en San Salvador, el 10 de octubre de 2008.

Un tribunal de El Salvador dispuso la captura del expresidente Alfredo Cristiani y cuatro militares por la matanza de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en 1989.

Un juzgado de San Salvador ordenó las capturas del expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani y cuatro militares señalados de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, ocurrida en 1989 durante la guerra civil que asoló el país.

La audiencia por la masacre dio inicio la semana pasada y este lunes el juzgado determinó enviar a juicio a 11 acusados de la autoría intelectual de esa masacre, cinco de ellos, ausentes.

Se trata de Cristiani, el exdiputado Rodolfo Parker y los exmilitares Joaquín Cerna, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda a quienes se les giró orden de captura.

El resto de los imputados mantienen libertad condicional.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, durante la mayor ofensiva guerrillera en El Salvador, un comando élite del Ejército de El Salvador asesinó a los religiosos y a dos mujeres en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Los sacerdotes asesinados fueron Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y Joaquín López. Además, Elba Ramos, la colaboradora de la universidad y su hija Celina Ramos.

Condenas anteriores

Por este crimen, ya fue condenado el excoronel Guillermo Benavides Moreno, el primer oficial de más alto rango del ejército de El Salvador en ser enviado a 30 años de prisión por la masacre.

Asimismo, recibió sentencia Inocente Montano, quien se encuentra pagando una pena de 133 años en España.

La derogación de la Ley de amnistía de 1993, hecha por un fallo constitucional de 2016, permitió en 2017 la reapertura del proceso a petición de la Universidad Centroamericana (UCA).

El ejército de la época consideraba el Centro Pastoral de la UCA un “refugio de subversivos”.

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