Bianka salía de un centro comercial en San Salvador cuando un hombre armado la forzó a entrar a su automóvil bajo amenaza de muerte. El hombre condujo sin rumbo por la capital salvadoreña mientras le hacía saber que, de escaparse, él conocía sus rutinas, y llevaba, además, un tiempo planeando matarla.
Ese encuentro ha sido uno de los más violentos que la joven ha vivido por su expresión de mujer transgénero en El Salvador; un país donde nueve de cada 10 personas de la comunidad gay, lesbiana, bisexual, transexual, entre otras expresiones, asegura haber sido víctima de violencia.
“No podía entender el motivo de la privación a mi libertad. Yo pensé, ¿por qué lo está haciendo? ¿por mi expresión de género o porque soy defensora de derechos humanos? (…) Luego de ese episodio quedé con problemas emocionales, tenía miedo de salir a la calle y ver, por ejemplo, el mismo color de vehículo en el cual había sido privada de libertad”, dijo a la Voz de América Bianka Rodríguez.
La joven de 28 años es la cara pública de la organización Comcavis Trans, misma que trabaja para que el Estado salvadoreño reconozca los derechos de la población LGBTIQ+ en el país centroamericano.
Ha sido galardonada, asimismo, a nivel regional, con el Premio Nansen para los Refugiados 2019, un premio anual de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que destaca la labor de personas u organizaciones pro derechos humanos.
“Los reconocimientos, más allá de reconocerme a mí, reconocen una realidad y una afectación que vivimos las personas LGBTIQ+ (…) Y sobre todo, también, reconocen la dignidad para nosotras como personas trans que enfrentamos múltiples formas de violencia. Ante ese contexto, nos sentimos fortalecidas”, agregó Rodríguez.
El Salvador es un país particularmente peligroso para las personas LGBTIQ+: Comcavis Trans atendió a 166 personas de la población quienes fueron víctimas de desplazamiento forzado interno en 2021. En 2020, atendió a 131.
Los casos para cada año reflejan un aumento del 26,7 % de desplazamientos forzados internos a causa de la discriminación y la violencia hacia la población.
De no huir, la población LGBTIQ+ corre el riesgo de ser asesinada, como ocurrió con Zashy, de 27 años, quien fue baleada por pandilleros de la Mara Salvatrucha en 2020.
Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 son las responsables de la mayoría de homicidios en El Salvador; hasta hace unos años sumaban un aproximado de 70.000 miembros a sus filas que, hasta hoy, controlan gran parte de los territorios del país centroamericano.
Bianka considera que la población transgénero vive en constante hostigamiento por parte de estos grupos. Además, la discriminación de las personas homofóbicas y las amenazas de policías municipales y nacionales son otras de las formas de violencia que sufren a diario.
“Para muchas personas LGTBIQ+, el trauma y la persecución comienzan mucho antes de que huyan de sus hogares. A nivel global, ACNUR ha sido testigo de las consecuencias de leyes que criminalizan la orientación sexual, la identidad o la expresión de género”, dijo Laura Almirall, representante de ACNUR para El Salvador.
Costa Rica es el único país de Centroamérica que valida el matrimonio igualitario. En El Salvador, ni el Congreso ni el presidente, Nayib Bukele, han propuesto un debate en torno al tema. Quien sí emitió un fallo, el 22 de febrero, fue la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que pidió al Congreso reformar la ley para que las personas transgénero puedan cambiar su nombre según su expresión de género.
“La sala es muy escueta en su resolución porque no habla sobre la integralidad del derecho a la identidad de género. (…) El cambio de nombre que ha habido en El Salvador es porque se ha tenido una reasignación sexual, pero para poder tener un nombre que me identifique con un género que he construido a lo largo de la vida con una cruz de violencia y de exclusión de discriminación, no es sencillo”, dijo Bianka.
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) investigó en 2021 la labor de los órganos legislativos del Triángulo Norte de Centroamérica en torno a leyes aprobadas para erradicar la violencia basadas en el género, la orientación sexual y la identidad de género.
“En El Salvador, Guatemala y Honduras no se han adoptado las medidas legislativas especializadas para potenciar la igualdad y superar las violencias que sufre este colectivo. La protección de la identidad de género o la posibilidad de acceder a beneficios de seguridad social como pareja sobreviviente del mismo sexo, por ejemplo, están lejos de ser incorporados en las legislaciones nacionales”, reza el estudio.
Concluye, además, que en dichos países no existen políticas públicas eficientes para luchar contra la violencia de género, y son más bien las iniciativas de la sociedad civil las que logran avances.
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