Días después que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, planteara en una entrevista reciente la posibilidad de prescindir a corto plazo del régimen de excepción, el Congreso aprobó el martes la trigésima prórroga de esta medida como parte de la estrategia de mano dura para el combate a las pandillas.
La excepción regirá por otros 30 días días en todo el territorio nacional, dada la última aprobación con los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso unicameral controlado por el partido de Bukele. Los partidos de oposición nuevamente negaron sus votos. Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se abstuvieron y la diputada del partido VAMOS votó en contra.
El gabinete de seguridad del gobierno de Bukele pidió al Congreso aprobar la nueva prórroga del régimen de excepción en todo el territorio nacional por considerar que “aún existen grupos terroristas que, de no erradicarse por completo, su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos”.
En su petición sostuvo que, si bien es cierto que las medidas extraordinarias “han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción de los delitos y la captura de más de 81.900 terroristas”, es necesario prolongar el régimen de excepción para perseguir y capturar a los remanentes de las pandillas. El gobierno ha reconocido que ha tenido que liberar a más de 7.000 detenidos por falta de pruebas.
Un argumento similar planteó Bukele en una entrevista días atrás en la que mencionó la posibilidad de retirar el régimen de excepción en algún momento, sin precisar la fecha.
La medida, de naturaleza temporal, lleva en vigor en El Salvador desde hace más de dos años y medio y ha sido recurrentemente cuestionada por organismos y activistas de derechos humanos.
Bukele consideró que los logros alcanzados en la reducción de asesinatos y con la captura de miles de supuestos pandilleros y sus colaboradores, podrían mantenerse en el futuro sin el régimen de excepción, indicó a la revista Time.
Desde que entró en vigor la medida, organizaciones que velan por el respeto a los derechos humanos han registrado más de 6.000 denuncias hechas por las víctimas bajo el régimen de excepción que dicen haber documentado que han muerto 305 personas adultas y cuatro bebés hijos de personas privadas de libertad.
Las autoridades, por su parte, estiman que todavía hay más de 8.000 pandilleros libres, algunos en el país y otros en el extranjero.
Aseguran que las pandillas por más de tres décadas con presencia en comunidades y barrios populares del país “persisten en su funcionamiento delictivo, su recomposición e intencionalidad de fortalecimiento”.
El estado de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022 —un día después de que en 24 horas las pandillas asesinaran a 62 personas— suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado.
Bajo ese régimen, además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Como parte de la estrategia de combate a las pandillas el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
Según cifras oficiales, en lo que va de 2024 se reportan 176 días sin homicidios y una considerable reducción de la violencia criminal en el país centroamericano que en 2015 era considerado uno de los países más violentos del mundo con 6.656 homicidios.
En 2023, el país cerró con 214 homicidios, entre ellos, 38 muertes de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con policías o militares. En lo que va del año la policía ha registrado 90 homicidios que incluyen la muerte de tres presuntos pandilleros también en supuestos enfrentamientos con la policía o las Fuerzas Armadas.
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