El Salvador cerró el año 2019 con el mes de diciembre menos violento desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, después de otros períodos similares en el año, informó el ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
La entidad afirmó el miércoles que los índices registrados en octubre, agosto, noviembre, septiembre y junio, sugieren una clara tendencia de disminución de la violencia, si se comparan con períodos similares de años anteriores.
Estadísticas de la Policía Nacional Civil desde 1 de enero al 28 de diciembre de 2019 reflejaron 2.374 homicidios en El Salvador, 974 menos que los registrados en el año anterior.
Según el ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el segundo semestre de 2019 marcó el inicio de una “etapa histórica para El Salvador en materia de combate al crimen y abordaje integral al problema de inseguridad del país”.
El documento alaba la gestión del presidente Nayib Bukele, quien asumió el cargo en junio y “la puesta en marcha del Plan Control Territorial, la violencia homicida sufrió una drástica caída en los primeros meses de ejecución”.
“Atrás quedaron los pactos oscuros y treguas que gobiernos anteriores establecieron con pandillas, permitiendo su fortalecimiento y el control de los territorios por parte de estos grupos a nivel nacional”, dijo el Ministerio.
El propio Bukele ha estado informando de ese logro a través de mensajes en Twitter. Uno del domingo 29 de diciembre anunció una jornada sin asesinatos, el sexto día desde que inició su gestión presidencial.
"Podemos confirmar que el sábado 28 de diciembre cerró con 0 homicidios a nivel nacional. Gracias a Dios", escribió el mandatario.
Y el primer día del año, Bukele tuiteó que El Salvador cerró 2019 con el mes más seguro desde los acuerdos de paz.
El Salvador es un de los países más violentos e inseguros del mundo, según afirman grupos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Cifras ampliamente difundidas reflejan que hay cerca de 60.000 miembros de pandillas (maras) en cai todos los municipios del país, que controlan los límites de sus territorios y extorsionan y obtienen información sobre residentes y personas que circulan en esas zonas, sobre todo en el transporte público, escuelas y mercados.
