En las prisiones de El Salvador hay más de 79.000 personas detenidas durante un extendido régimen de excepción, acusados de pertenecer a pandillas y agrupaciones ilícitas, y muchos no serán juzgados individualmente sino que serán procesados y condenados de forma masiva.
Antes del régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y prorrogado continuamente hasta el presente, las personas detenidas y acusadas respondían de forma individual por los delitos. Pero ahora las autoridades están armando grupos de detenidos con los que busca realizar condenas unánimes.
El primer grupo en ser procesado de esta forma fue presentado ante la corte en febrero. A mediados de mayo anunciaron el proceso de otros grupos de detenidos.
Los juicios masivos son legales en El Salvador desde mediados de 2023, pero no se habían ejecutado hasta este año. La reforma que hizo posible este tipo de juicio iba a ser en un principio transitoria, pero el decreto legislativo que lo regula no establece un periodo específico de tiempo.
Según la legislación, los juicios masivos solo pueden realizarse con los detenidos bajo el régimen de excepción. Para ello, la Fiscalía podrá agrupar por estructura delictiva a los detenidos y luego presentar el grupo en las sedes judiciales para que sean juzgados bajo "una sola causa".
"Los estamos ordenando y separando de forma territorial de la misma forma como ellos están organizados", señaló la Fiscalía en su cuenta oficial en X.
Algunos de los criterios para armar los grupos son estructura, denominación, territorio o lugar de origen, y otros que resulten aplicables a criterio del fiscal. Esto significa que cualquiera de los más de 75.000 detenidos podrán ser agrupados y clasificados, para luego pedir las condenas grupales.
El pasado 14 de mayo, la Fiscalía requirió que 1.202 detenidos fueran agrupados en un proceso de acuerdo a la clica a la que supuestamente pertenecen.
Para la abogada penalista Marcela Galeas, este tipo de juicio es "peligroso para aquellas personas que sin vínculos a pandillas sean sometidos al proceso y resulten condenados en el mismo, dijo a la Voz de América.
“Los criterios para la imputación pueden ser desde que se relacione un lugar de origen, una supuesta afiliación a pandillas o ser sospechoso de pertenecer a una organización terrorista por la vestimenta", dijo Galeas, señalando que no son claros los criterios para incluir a una persona en un grupo de procesados.
El poder que ahora tiene la Fiscalía para armar casos colectivos fue otorgado por el Congreso de El Salvador, dominado por el partido en el gobierno, Nuevas Ideas. Los legisladores lo justificaron como una “medida transitoria” que ayudaría a “resolver el colapso del sistema judicial por las miles de capturas durante el régimen de excepción”, pero la medida continúa vigente desde julio de 2023.
Galeas señala que un detenido debe tener garantías penales mínimas, entre estas el principio de defensa, una audiencia donde se ventile su caso de forma individual, que haya legalidad e igualdad en el proceso y que además tenga un abogado defensor que enfrente las acusaciones fiscales.
“Esas garantías no se respetan en los juzgamientos colectivos”, agregó la abogada.
Para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, (WOLA, en inglés), uno de los derechos que se vulneran en los juicios colectivos es el de la defensa.
“Obligar a las personas a ser juzgadas colectivamente va en contravía de la presunción de inocencia", dijo WOLA en un informe en agosto de 2023.
El Departamento de Estado de EEUU cuestionó los juicios masivos en un informe sobre derechos humanos publicado en abril de 2024.
"La ley establecía el derecho de cualquier persona a impugnar la legalidad de su arresto o detención ante los tribunales, derecho que han perdido los capturados", explica el informe.
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