La crisis migratoria que hace algunos meses tenía los refugios abarrotados de migrantes en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, mermó al comienzo de este año. Las calles que también fueron hogar de miles de personas, en la noche del lunes tenían tan sólo una decena de personas que pasaban el frío invernal entre música latina y camas improvisadas con sábanas.
“Eso se basa en que los migrantes (que se han entregado) los han dejado salir con parole, están llegando a albergues o han accedido a la red que se ofrece de ayuda para reunificarse con sus familiares”, contó a la Voz de América Bety Camargo, directora de programas estatales para la Red Fronteriza de los Derechos Humanos.
Quienes permanecen son, en su mayoría, personas que cruzaron a través de la aplicación CBP One y tuvieron una entrevista con un agente migratorio o se entregaron voluntariamente a las autoridades después del cruce irregular.
Armando Gallardo de 40 años, salió de Venezuela hace un poco más de cinco meses y en la tarde del lunes, mientras se refugiaba del frío en el aeropuerto de El Paso, también esperaba para tomar un vuelo que lo reunificara con un amigo en Orlando, Florida.
Gallardo cruzó la selva del Darién con su hermano, Antonio, y ambos esperaron cuatro meses en México para acceder a la cita de CBP One.
“Estuvimos cuatro meses por allá esperando la cita porque no quisimos arriesgarnos a saltar el muro ni nada de eso, porque no sabes cómo te puede ir ahí si te deportan o logras pasar a Estados Unidos. Por eso aguantamos tanto tiempo por allá esperando la cita”, dijo a la VOA.
Antonio, de 38 años, aseguró que estaba “muy asustado” por la cita en la frontera. “Con el frío me estaba congelando y no estábamos preparados porque no nos salía la cita”.
Aunque entraron juntos y fueron liberados con un parole, a Armando le asignaron una fecha para presentarse ante un juez de inmigración en mayo de 2026. Su hermano Antonio tendrá que presentarse en marzo de este año.
"Vamos a solicitar el permiso de trabajo para ver si lo más pronto posible empezamos a trabajar, porque debemos empezar a trabajar para sostenernos", apuntó Gallardo.
Por otro lado, presencia de migrantes indocumentados continúa en la ciudad. “Todavía entran sin permiso porque tienen miedo a las consecuencias pero ellos están también integrándose a la comunidad tratando de contactarse con organizaciones que les puedan ayudar”, contó Camargo.
Quienes permanecen en las calles, agregó, “han sentido un sentimiento anti inmigrante y ese es el reto más grande”. Un obstáculo adicional es el poder educar a los migrantes sobre qué significa tener un parole y cómo proceder a partir de allí.
En diciembre, la ciudad de El Paso dispuso un Centro de Preparación Comunitaria para ayudar a organizaciones no gubernamentales a refugiar migrantes durante el frío invernal y la época festiva y llegó a albergar hasta a 631 personas. Sin embargo, a mediados de enero, el centro terminó operaciones debido al bajo flujo de migrantes.
Hasta este lunes, agentes de la Patrulla Fronteriza tenían en custodia a 2,216 migrantes, según datos de la ciudad de El Paso.
Organizaciones hacen llamado a proteger los migrantes
El pasado sábado, la organización Human Rights Watch que vela por la protección de los derechos humanos, envió una carta al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en la que exhortaron a “rechazar cualquier nuevo acuerdo con Estados Unidos que conduzca a un aumento de las expulsiones sumarias de solicitantes de asilo hacia México”.
La petición de HRW llegó en medio de negociaciones entre la administración del presidente Joe Biden y los congresistas estadounidenses para lograr la asignación de fondos adicionales a la frontera. Los republicanos han propuesto nuevas restricciones migratorias a cambio de autorizar los más de 100 mil millones de dólares en fondos para Ucrania e Israel, que incluyen también una partida para la frontera.
“El presidente López Obrador tiene la oportunidad de defender los derechos de miles de migrantes y solicitantes de asilo vulnerables, en su mayoría latinoamericanos, negándose a acceder a otro acuerdo que permita a Estados Unidos expulsar migrantes hacia México”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
La carta fue enviada el mismo día que una delegación del gobierno estadounidense conformada por el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se reunieron con oficiales de México para discutir “esfuerzos coordinados” que ayuden a gestionar la migración en la frontera.
Junto a la canciller Alicia Bárcena, los oficiales aseguraron que los esfuerzos de ambos países están “mostrando resultados positivos en nuestra frontera compartida”. Algunas de las medidas mencionadas fueron el controles migratorios del tráfico de buses y trenes, tomar medidas contra las redes criminales de contrabando y aumentar las repatriaciones de aquellos que no tienen una base legal para permanecer en esos países.
“La migración es un desafío hemisférico. Estados Unidos está comprometido a trabajar mano a mano con México y los países de la región para abordar las causas fundamentales de la migración y promover las oportunidades económicas”, dijo el portavoz de Estado, Matthew Miller, en declaraciones escritas.
Finalmente, Camargo, de la Red Fronteriza de los Derechos Humanos, celebró la decisión del lunes de la Corte Suprema de permitir que los agentes de la Patrulla Fronteriza corten el alambre de púas que Texas instaló en un sector de la frontera con México que se encuentra en el centro de una disputa creciente entre el gobierno federal y el estado sobre la aplicación de las leyes migratorias.
“Lo que sucedió hoy (el lunes) es una victoria pequeña pero es una victoria que necesitaba el pueblo. Hemos estado diciendo que esta es una crisis humanitaria, que la política que estamos usando en la frontera no es la correcta”, concluyó.
La votación de 5 a favor y 4 en contra les permite a los agentes de la Patrulla Fronteriza cortar o retirar el alambre de púas que Texas ha colocado a lo largo de la orilla del río Bravo (o Grande) para desalentar a los migrantes de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Algunos migrantes se han lastimado al entrar en contacto con el alambre, y el Departamento de Justicia ha argumentado que dicha barrera impide que el gobierno federal ejerza su capacidad de patrullar la frontera, lo que incluye ayudar a migrantes que lo necesiten.
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