La renovación del poder electoral venezolano es el propósito más inminente tras la toma de facto de las riendas del Parlamento de Venezuela de parte de 18 diputados disidentes de la oposición, en sociedad con la fracción pro madurista, opinan expertos consultados por la Voz de América.
La bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela se alió el domingo con un grupo de parlamentarios pertenecientes a organizaciones críticas del gobierno en disputa de Nicolás Maduro para elegir una nueva junta directiva de la Asamblea Nacional para el año en curso.
El líder opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela desde enero de 2019, no pudo ingresar al salón de sesiones junto a la mayoría de los legisladores que respaldaban su reelección, debido a que decenas de militares de la Guardia Nacional Bolivariana y policías bloquearon la entrada.
Intentó en vano saltarse una verja, mientras, puertas adentro, el diputado Luis Parra, recién expulsado del partido opositor Primero Justicia por acusaciones de corrupción en su contra, se proclamaba presidente del Parlamento con la anuencia del madurismo.
El lunes, Parra se instaló en la sede del Parlamento, según un video que publicó en su cuenta de Twitter.
Diputados de la bancada opositora sesionaron horas más tarde en la sede del diario El Nacional para designar, con 100 votos a favor, según informaron, la junta directiva liderada por Guaidó e integrada además por el diputado zuliano, Juan Pablo Guanipa, y su colega Carlos Berrizbeitia.
Guaidó calificó la juramentación de una nueva junta directiva como “un golpe parlamentario”.
En su cuenta de Twitter, Guaidó ha prometido que volverá el martes a la sede del Palacio Legislativo.
Maduro, en la noche del domingo, declaró a la televisión estatal su aprobación de la junta apoyada por su partido político.
¿Qué dicen los expertos?
Así, Venezuela inició su año nuevo con dos parlamentos –tres si se suma a la Asamblea Nacional Constituyente, gobernada por el chavismo- y una crisis política atizada.
Jesús Castillo Molleda, politólogo de la Universidad Rafael Urdaneta, da por sentado que el madurismo se aliará con los nuevos regentes del Parlamento que responde a él para priorizar la renovación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral en la agenda legislativa del año.
“Se van a centrar en la elección de la nueva junta directiva del CNE, una que además sea desmotivadora y cree desconfianza en los apoyos a Guaidó”, advierte.
Maduro, de hecho, tuiteó la noche del domingo un mensaje que apunta a esa dirección: “Los diputados opositores eligieron una nueva directiva de la Asamblea Nacional, para lo cual garantizamos toda la seguridad. En la mesa de diálogo nacional, construiremos las garantías electorales, rumbo a unas elecciones legislativas que serán un éxito democrático y político”.
Los venezolanos escogieron 167 escaños de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, donde la oposición logró mayoría absoluta. El cronograma electoral contempla, según los plazos de la Constitución, una renovación del poder legislativo a finales de este año.
Credibilidad en juego
Castillo Molleda anticipa una eventual legalización exprés de la directiva y de sus posteriores decisiones, entre las que en todos sus análisis reflota la probable reestructuración del CNE.
No debe sorprender, remarca, que el Tribunal Supremo de Justicia, considerado ilegítimo por la oposición, emita en las próximas horas una sentencia que reconozca a la directiva ungida por el chavismo para concederle un viso de legitimidad.
Tal decisión judicial allanaría el camino del desbloqueo institucional del Parlamento, según el analista. El TSJ juzga como ilegal cada decisión tomada por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y a la que acusa de desacato desde seis días después de su instalación, en 2016.
Castillo Molleda considera que es probable la asistencia de Maduro al Palacio Federal Legislativo para presentar su Memoria y Cuenta, como lo establece la Constitución venezolana.
Y, entonces sí, dice el analista, la junta directiva alterna a Guaidó fomentará la acción expedita del comité de postulaciones del Parlamento para la elección de un nuevo CNE o, en todo caso, de su disolución y renovación con diputados políticamente cercanos a Parra y sus leales.
Anticipa además que la nueva facción de poder en la Asamblea Nacional escoja a un nuevo Consejo Nacional Electoral “más sarcástico y radical” que el actual. Esa institución, presidida por Tibisay Lucena, organizó la elección presidencial de 2018, considerada como inconstitucional por decenas de gobiernos y en la que Nicolás Maduro logró su reelección por seis años más.
María Alexandra Semprún, politóloga con estudios en la Universidad Rafael Urdaneta y la Simón Bolívar, cree que un punto decisivo en la eventual elección de un nuevo CNE es la credibilidad. Si la institución no recupera esa virtud entre el electorado, opina, no habría avances.
“Los ciudadanos deben tener confianza tanto en quienes gobiernan como en las instituciones y el CNE es de las instituciones con mayor desprestigio. ¿Habría sujetos con la suficiente confianza para ser nombrados en el CNE y ser creíbles? Una elección pasa por la necesidad de la credibilidad, porque si no genera abstención o resultados que no se desean”, advierte.
Duda que las actuaciones del Parlamento denoten cambios significativos en el gobierno o la eventual transición en Venezuela. Recuerda que el Parlamento en el país, como en la mayoría de América Latina, no tiene el mismo peso que en el Norte o Europa, por ejemplo.
La experta no esconde su sorpresa por los acontecimientos que tienden a ocurrir en la política contemporánea en Venezuela. Ese devenir parece extraído de la mente de un cineasta, ironiza.
“El día a día pareciera un guión de cine, de una serie de televisión donde los productores se esfuerzan por hacer un acto sorpresivo que mantenga en vilo a la audiencia”, expresa.
Semprún, por ello, no se atreve a anticipar los acontecimientos en el Parlamento ni fuera de él. Los desenlaces en la política, especialmente en la venezolana, siempre son “inesperados”, dice.
Patada a la mesa
Ricardo Ríos, politólogo de la Universidad de Los Andes, está extrañado de las formas políticas con que el madurismo y una fracción de la oposición conquistaron el Parlamento.
La toma de la junta directiva, considera, enloda y amenaza los oficios diplomáticos del gobierno en disputa y sus diligencias para gestar la mesa de negociación con partidos y figuras de menor influencia en la oposición, conocida como “la mesa de la Casa Amarilla”.
El madurismo inauguró en septiembre del año pasado en la Casa Amarilla, sede de la cancillería venezolana, una mesa de diálogo con un sector de sus detractores, como el ex candidato presidencial Claudio Fermín y el diputado Timoteo Zambrano, para lograr acuerdos políticos.
Ríos resalta que Zambrano fue uno de los primeros en rechazar la manera en que parte de la oposición y el madurismo instalaron el año parlamentario el domingo. Lo ocurrido ese día, valora, dinamita los acuerdos logrados con parte de la oposición en los últimos cinco meses.
“Ese trabajo político para lograr un CNE que fuera medianamente potable se cae completamente”, manifiesta. “Un parlamento instalado a la fuerza, sin quórum, sin mayoría, no va a ser reconocido por la comunidad internacional ni por el 90 por ciento de la oposición”.
Puntualiza que el madurismo asumió un costo político “sumamente alto” dentro y fuera de Venezuela con su jugada en el Parlamento, hasta el punto de que Argentina, alineada ideológicamente con el Palacio de Miraflores, condenó públicamente lo ocurrido.
Ríos, director de la consultora venezolana Poder y Estrategia, estima que un poder electoral derivado de ese contexto no generará la confianza ni la estabilidad política que requiere el país.
“Un CNE nombrado por ese Parlamento va a ser írrito, ilegítimo, no va a ser reconocido, no va a tener el peso político que se requiere. Habrá un agravamiento de la crisis política, una radicalización y un atrincheramiento de parte de un sector del gobierno”, expone.
Castillo Molleda teme, precisamente, que un escenario de polarización atice las dudas de buena parte de la oposición venezolana hasta tentarla a no participar en las elecciones legislativas.
Los principales partidos críticos del chavismo se abstuvieron de participar en las elecciones parlamentarias de 2015 y los comicios municipales de diciembre de 2018. La decisión dio paso a que el oficialismo ocupara casi exclusivamente cargos políticos clave en todo el país.
Castillo Molleda recuerda que Guaidó aglutinó el domingo entre sus fuerzas a grupos minoritarios del parlamento que disentían de su gestión como presidente encargado de Venezuela, como el llamado 16 de Julio, y que el domingo le expresaron apoyo.
“Es una unidad artificial por los eventos del domingo. Si aprovechan ese acuerdo político, pueden irse en bloque al proceso electoral y remotivar a los electores a participar y no dejarle el camino solo al gobierno. Sería lo correcto desde las ciencias y las estrategias políticas”, opina.
El politólogo pronostica que Guaidó y sus diputados leales escogerán un nuevo espacio de sesiones, como lo hicieron el domingo, ante la imposibilidad latente de que no puedan ingresar más al Palacio Federal Legislativo.
Pero, aún más urgente es que acompañen sus exigencias con músculo en la movilización popular. “Si eso no va acompañado de una acción de calle pronta, se desinfla rápidamente”, dice.
