El 23 de febrero de 2019, la atención de Venezuela y la comunidad internacional se volcaron en la promesa del entonces recién juramentado presidente interino del país, Juan Guaidó, de que entraría ayuda humanitaria. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por bloqueos y violencia. Un camión quemándose en uno de los puentes en la frontera colombo-venezolana fue la foto de la jornada.
Un año después, el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, asegura que ese día sirvió para que fuese reconocida internacionalmente la crisis venezolana y legisladores explican que el apoyo que se ha recibido después de ese día, en su mayoría, es canalizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“El 23 febrero era una operación humanitaria que buscaba salvar vidas y que buscaba hacer que entraran a Venezuela insumos y alimentos”, explica a la Voz de América desde el exilio Miguel Pizarro, diputado, comisionado especial para la ayuda humanitaria y comisionado para las Naciones Unidas.
Para Pizarro, al cabo de un año, lo que resalta es el deterioro de la crisis que atraviesa el país. "Lo que hace un año podía atenderse con pastillas potabilizadoras de agua, con generadores eléctricos, con el kit de emergencia (…) hoy en día ya requieren intervenciones mucho más estructurales (…) requieren pozos de agua, requieren sistema eléctrico”.
Pero, destaca que si bien no tuvo el desenlace esperado, ese 23 de febrero marcó un cambio de aproximación a la realidad venezolana en el tema humanitario. "Sin el 23 de febrero, no hubiésemos tenido luego sesiones del Consejo de Seguridad, mandatos de OCHA (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios), reporte de la ACNUR y toda esta evolución que hemos visto en el mundo humanitario”, afirma.
La diputada Manuela Bolívar coincide con su colega y, en conversación con VOA Noticias, afirma que: “el 23 de febrero terminó de demostrar la tragedia humanitaria (…) Todo el mundo comenzó hablar de la situación humanitaria en Venezuela, a pesar de que venía años denunciándose esto”.
Recuerda ese sábado como “muy duro”. “Al final uno dice ‘lo humanitario debería ser un elemento que quite de lado la intencionalidad ideológica’ (…) uno dice que tu contraparte algo lo tiene que doblegar. Y fue doloroso porque no, porque no les importa”, explica la parlamentaria. Pero, y pesar de ello, señala que la experiencia sirvió para que países se “sensibilizaran y generaran fondos”.
En su momento, la Asamblea Nacional (AN) afirmó que sí había entrado ayuda humanitaria por la frontera terrestre de Brasil, que habría sido repartida entre las comunidades de las zonas. No obstante, el día es percibido como una especie de primer tropiezo de la presidencia de Guaidó.
En conversación con VOA Noticias en enero, el mandatario encargado aseguró que más que una equivocación, fue un tema de expectativa y de su manejo correcto desde lo político, pero que la acción fue necesaria.
Pizarro y Bolívar tampoco lo ven como un ‘error’. “Mientras que la política va a un ritmo y en una forma, la descomposición de lo social y de lo humanitario es muy vertiginosa y muy rápida”, asegura el comisionado.
¿Qué pasó después?
Los parlamentarios expusieron que la mayoría de los recursos que surgieron desde ese día destinados para la ayuda humanitaria dentro de Venezuela son percibidos y canalizados por las Naciones Unidas y, en menor medida, la Cruz Roja..
“Cuando un país anuncia que va a dar una cantidad para asistencia humanitaria (…) el siguiente paso es comprometerse con alguna agencia o con un implementador del sistema humanitario, léase Naciones Unidas, familia de Cruz Roja, u organizaciones de la sociedad civil que tienen la capacidad de implementación”, describe Pizarro.
Julio Castro, médico internista e infectólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UVC) y parte del equipo técnico que asesora a la AN, detalla a la Voz de América que: “El grueso de la ayuda humanitaria (…) viene a través del sistema de Naciones Unidas. Eso es Unicef, Organización Panamericana de la Salud, ACNUR, Organización Internacional de Migraciones, y una parte a la Cruz Roja en sus diferentes versiones”.
Describe que los países u organizaciones internacionales generan los fondos e insumos que a través de las Naciones Unidas se operativizan en Venezuela con ayuda de colaboradores y el mismo Estado venezolano, encargados de ejecutar en el campo. Toda esta operación es coordinada a través de la OCHA, agrega.
El doctor subraya que la ayuda que se pueda percibir es “parcial, pequeña, entendiendo la cantidad de personas que la necesitan, y no tiene una logística de mantenimiento, históricamente”.
Según registro de su propia página, la OCHA reactivó sus ‘reportes de situación’ de Venezuela en mayo de 2019. En el más reciente, publicado el 17 de febrero de este año, indica que más de 2,3 millones de personas recibieron asistencia humanitaria - de 7 millones que registran la necesitan - de julio a diciembre de 2019 dentro del Plan de Respuesta Humanitaria.
Este plan recibió 75,9 millones de dólares, el 34 por ciento de los fondos requeridos, unos 222.700 millones de dólares. Según el último informe, entre los tres principales donantes están: EE.UU. (21.4 millones de dólares), la Comisión Europea (19.8 millones de dólares) y Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, de la propia Asamblea General de la ONU (10 millones de dólares).
El sector o “cluster”, detalla el documento, donde más se han dedicado los recursos recolectados ha sido el de salud, 16.1 millones de dólares o el 26,1% de la meta. El grupo de agua, saneamiento e higiene también resalta con 11 millones de dólares, un 35,9% de lo estimado.
Según el informe de acceso humanitario a diciembre 2019, la OCHA señala que la capacidad operativa de los actores humanitarios aumentó significativamente durante el año. Para esa fecha, las organizaciones operando en todos los estados del país llegaba a 81, entre ONG nacionales, internacionales, ONU, Cruz Roja y academia.
Sin embargo, en el informe, destacan que estos actores humanitarios han enfrentado retos. Además de los fondos, destacan el “entorno negativo” generado por la politización de la ayuda; en algunas zonas, la negación de las necesidades humanitarias; y las limitaciones burocráticas.
En el caso específico de la Cruz Roja, el propio Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja Venezolana, afirmó que al país han llegado más de 400 toneladas de medicina e insumos médicos que han sido repartidos en centros asistenciales de la institución y hospitales.
El último cargamento con 42 toneladas entró a inicios de mes. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja también firmó este año un nuevo acuerdo de cooperación para mejorar “las actividades humanitarias” con el gobierno en disputa.
Villarroel aseguró en su momento a los medios de comunicación que creen que esta labor podrán mantenerla "por un par de años más todavía”.
¿Qué hace la AN?
“Hemos sido un órgano vigilante de que, por ejemplo, las Naciones Unidas integren las organizaciones no gubernamentales que no tienen una naturaleza política, que son organizaciones de contrapeso, y que hoy están haciendo incluso la labor que el Estado debería dar, pero ante la ausencia del Estado, la asumen”, afirma la diputada Bolívar.
Por su parte, Pizarro explica que el parlamento no es un implementador humanitario. “Nosotros somos un brazo comunicante entre la comunidad internacional y quienes tienen la capacidad efectiva de implementar asistencia y de atender población”, apunta.
Subraya que han buscado respetar los principios humanitarios como el de no interferencia y el no uso de la ayuda humanitaria para fines político partidistas.
Incluso antes de este 23 de febrero, la entrada de esta ayuda humanitaria en el país fue cuestionada por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, calificándolo de “show”.
Este año, Luis Parra, legislador reconocido por el gobierno en disputa como presidente de la AN, pidió la investigación de los fondos, argumentando opacidad en el manejo de los recursos. Las acusaciones fueron rechazadas por la oposición y aclaradas por organismos como Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés.
“Él lo que quiere es socavar la legitimidad de la Asamblea Nacional, pero está muy equivocado”, afirmó la parlamentaria Bolívar en conversación con la VOA.
Criminalización
Los diputados son cautelosos en dar mayores detalles del quién o el dónde por temor a que las ONGs se conviertan en blanco del gobierno en disputa. “Tú no puedes decir los nombres porque las allanas, las persiguen, les confiscan”, afirma Bolívar.
“Creo que todos los que están en zonas donde hay alguna organización no gubernamental actuando entienden perfectamente las razones por las cuales no se nombran las organizaciones. Para preservar su integridad y, además, respetar su autonomía“, afirma por su parte Pizarro.
Ambos pusieron como ejemplo de la persecución del trabajo humanitario el anuncio de Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), de que que revisarán las leyes para sancionar el financiamiento de ONG o personas particulares desde otros países usado “para conspirar contra la patria”.
“Es básicamente eliminar los programas humanitarios”, señala la diputada.
El doctor Castro indica que si bien es difícil determinar el impacto que puede tener esta decisión, destaca la importancia de la labor de las ONGs ante la crisis que atraviesa el país y señala que “sigue habiendo una brecha muy importante entre la necesidad, y la capacidad de ayudar a esos venezolanos”.
*Con colaboración de Carolina Alcade.
