La política de “Paz Total”, la principal apuesta del presidente colombiano Gustavo Petro por minimizar la violencia y desmantelar los grupos armados en Colombia, que han dejado cientos de víctimas en un conflicto de décadas, afronta escenarios de críticas y obstáculos por las confrontaciones armadas de los grupos ilegales en los territorios.
El asesinato de cuatro niños indígenas que desertaron de las filas del Estado Mayor Central, luego de que este grupo los reclutó para la guerra, ponen sobre la mesa las dificultades del ambicioso plan de desmontar los diversos grupos subversivos y de delincuencia organizada.
“Estas organizaciones están muy fortalecidas en el plano militar, entonces estos grupos aspiran a obtener beneficios en las negociaciones, ya sean en el marco de las negociaciones políticas o en una de sometimiento, entonces estos incumplimientos exigen que un modelo como la paz total requieran de un mecanismo de verificación sumamente complicado y tal vez en eso es lo que el gobierno tendrá que centrar toda su atención”, explicó a la Voz de América Vicente Torrijos, profesor en Ciencias Políticas de la Escuela Superior de Guerra de Colombia.
Para Torrijos, profesor adjunto de la National Defense University - William J. Perry Center, con sede en Washington, D.C., las dificultades por las que ha pasado la política de Paz Total, la apuesta de negociar de manera simultánea con todos los actores armados ha llevado a una serie de tropiezos.
“La suscripción de acuerdos es apenas un pálido reflejo que ha elevado a una serie de tropiezos desde que esto arrancó porque si no hay una fórmula mediante la cual los que están adquiriendo compromisos se sientan lo suficiente obligados a cumplir con lo que está acordando, es muy difícil que se tenga resultados concretos de avances”, destacó a la VOA Vicente Torrijos.
La suspensión de los ceses el fuego
Los principales grupos armados, como el ELN, Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, se acogieron al llamado de Paz Total de Petro, con el fin de terminar con los años de violencia mediante diálogos, con varios de estos grupos el gobierno mantiene negociaciones abiertas, sin embargo, suspendió el cese al fuego con aquellos grupos con el que llegó a acuerdo en ese punto.
Con la primera organización armada con la que rompió el cese al fuego fue el Clan del Golfo, un grupo paramilitar al que el Gobierno señaló estar detrás de un paro minero en el noreste de Colombia y de atentar contra La Fuerza Pública. El grupo exige un tratamiento político similar al del ELN. Sin embargo, recientemente el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, precisó que con esta y otras organizaciones a las que no se les considera grupos rebeldes, se adelantan negociaciones a través del sometimiento a la justicia que plantea beneficios penitenciarios como rebaja de penas y otros beneficios a cambio de verdad y reparación.
De otro lado, el Estado Mayor Central fue el otro grupo con el que el Gobierno rompió una tregua en las hostilidades luego del crimen de 4 menores, sin embargo, mantiene acercamientos para definir la instalación de la mesa de negociaciones.
En este sentido, para Torrijos, la incapacidad para verificar el cumplimiento del cese el fuego amenaza los planes de paz.
![Al término de una reunión, los presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro en Brasilia. [Foto: Cortesía Presidencia de Colombia]](https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-3bbf-08db6163c2e9_w100_r1.jpeg)
“Todas estas dificultades en los procesos de diálogos llevan a que las organizaciones armadas presionen más y sientan que como no están recibiendo como recompensa todo a lo que ellos aspiran, encuentran en el uso sistemático de la violencia una especie de presión para llegar a acuerdos y en ese fuego cruzado las víctimas terminan siendo la población civil que queda inmersa en esos conflictos”, dijo a la VOA Torrijos.
Ataques a la Fuerza Pública
En medio de las conversaciones de paz que se adelantan con la guerrilla del ELN y en el que las partes no han podido concretar un cese en las hostilidades, esta guerrilla ha perpetrado varios ataques contra miembros del ejército y de la policía, el más reciente en Tibú, Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, el pasado 24 de mayo, estos hechos han generado rechazo en la opinión pública y en el mismo presidente, que ha puesto sobre la mesa la necesidad de decretar de manera urgente un cese al fuego.
Para la senadora Marca Fernanda Cabal, del Centro Democrático, el principal partido de oposición en Colombia, a raíz de los atentados, señaló que el ELN “jamás ha demostrado voluntad de paz” y criticó que sigan los diálogos con esta organización rebelde.
Para la también senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, con las acciones armadas estos grupos buscan “conseguir mejores condiciones en la mesa” y recompensas de “impunidad en la llamada paz total".
Por su parte, la senadora oficialista María José Pizarro, una de las delegadas del Gobierno en las negociaciones con el ELN, se mostró optimista ante la posibilidad de lograr un cese el fuego con esta guerrilla.
![Una imagen de la captura de dos de las cuatro personas de la red internacional de tráfico de migrantes. [Foto: cortesía Fiscalía de Colombia].](https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-92ad-08db60701d5f_w100_r1.jpeg)
“Se avanza en estos diálogos y esperamos en este ciclo que podamos llegar a buen puerto, pero no es una tarea sencilla porque requiere de conciliar una serie de aspectos que no son sencillos, pero lo queremos sacar adelante con la delegación", destacó Pizarro.
Reclutamiento de menores
En medio del ambicioso plan de Paz Total de Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, se suma el capítulo del reclutamiento de menores, la Defensoría del Pueblo ha emitido diferentes alertas tempranas en las que contabiliza el reclutamiento de 23 casos reportados durante el primer trimestre del año, manifestando que “el reclutamiento de menores es un crimen en Colombia y en cualquier parte del mundo. Reclutar a una persona a partir de los 16 años es desconocer plenamente el Derecho Internacional Humanitario”.
“La realidad es que los niños y niñas que hoy son víctimas de reclutamiento no tienen la capacidad real de ejercer su voluntad para ingresar, ni mucho menos para decidir si permanecen o no en esos grupos”, apuntó el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo.
Para Torrijos, las dificultades siempre van a estar presentes en este tipo de procesos y agregó que el Gobierno debe estar preparado para saber hasta qué punto puede seguir dialogando con estos grupos. “Si no hay unas metas cumplidas claras, es muy difícil que estas organizaciones se sientan comprometidas. Yo creo que el Gobierno debe estar preparado para decir en un momento dado: 'no más'. Porque podrían ver diezmado su apoyo popular”, concluyó.
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