Más de medio año después de que el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE.UU., Edward Snowden, filtró a la prensa programas de espionaje estadounidenses y desató un escándalo internacional, el presidente Barack Obama anunció reformas en el servicio de inteligencia.
Los cambios apuntan directamente a la forma en que la NSA ha estado recopilando y acumulando información sobre personas en EE.UU. y en el extranjero, y mientras algunos entrarán en vigor de inmediato otros requieren de ulterior análisis e implementación de parte del Congreso.
Según documentos revelados por Snowden, la NSA estuvo sistemáticamente acumulando información telefónica y conservándola por cinco años, y los analistas de la agencia siguieron la pista a teléfonos hasta tres enlaces escalonados, de un número a otro y de éste a otro que hubiese hecho una llamada a un tercero bajo sospecha de nexos con el terrorismo.
Con efecto inmediato, la NSA tendrá que obtener un permiso judicial antes de acceder a los registros telefónicos que recopiló de millones de estadounidenses, excepto en emergencias. Tales registros no incluyen el contenido de las llamadas. Y a partir de ahora el acceso se limitará hasta el segundo enlace de números relacionados con uno sospechoso.
Obama también ha pedido elaborar un nuevo plan para que no sea la NSA, sino un tercero, el que almacene esos datos. Entre las posibilidades se ha mencionado la participación de las firmas telefónicas o un consorcio privado. La Casa Blanca y el Congreso tendrán que buscarle solución al dilema.
Las notificaciones oficiales enviadas a bancos, compañías de teléfono y otras para que revelen información de sospechosos son actualmente mantenidas en secreto pero en lo adelante no podrán serlo más pasado un tiempo.
Con intención de poner punto final al escándalo internacional originado por las actividades de la NSA en el extranjero, Obama ordenó que EE.UU. no vigile más las comunicaciones de “nuestros aliados y estrechos amigos en el exterior” a menos que exista un imperioso propósito por razones de seguridad nacional.
Una directiva presidencial precisa para qué fines no puede utilizarse la información de inteligencia, y Obama también ha propuesto conceder a extranjeros algunas de las garantías de que gozan los estadounidenses contra el espionaje, y fijar restricciones y salvaguardas acerca de por cuánto tiempo se puede retener información sobre ciudadanos de otros países.
Otra de las propuestas en las que el Congreso tendrá que decidir es la creación de una comisión que defienda la privacidad y libertades civiles de los estadounidenses ante la denominada Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (CVIE) , encargada de lidiar jurídicamente con el espionaje antiterrorista de la NSA.
Obama ha pedido además al Departamento de Estado que designe a un alto funcionario para coordinar asuntos diplomáticos relacionados con la tecnología y recopilación de datos, y en la Casa Blanca otro funcionario tendrá bajo su supervisión el respeto a la privacidad de los estadounidenses.
A fin de hacer transparentes los procedimientos de la CVIE, Obama pedirá al Fiscal General y al Director de Inteligencia Nacional que revisen todos los años las decisiones adoptadas por la corte con la intención de ver cuáles pueden ser desclasificadas.
Los cambios apuntan directamente a la forma en que la NSA ha estado recopilando y acumulando información sobre personas en EE.UU. y en el extranjero, y mientras algunos entrarán en vigor de inmediato otros requieren de ulterior análisis e implementación de parte del Congreso.
Según documentos revelados por Snowden, la NSA estuvo sistemáticamente acumulando información telefónica y conservándola por cinco años, y los analistas de la agencia siguieron la pista a teléfonos hasta tres enlaces escalonados, de un número a otro y de éste a otro que hubiese hecho una llamada a un tercero bajo sospecha de nexos con el terrorismo.
Con efecto inmediato, la NSA tendrá que obtener un permiso judicial antes de acceder a los registros telefónicos que recopiló de millones de estadounidenses, excepto en emergencias. Tales registros no incluyen el contenido de las llamadas. Y a partir de ahora el acceso se limitará hasta el segundo enlace de números relacionados con uno sospechoso.
Obama también ha pedido elaborar un nuevo plan para que no sea la NSA, sino un tercero, el que almacene esos datos. Entre las posibilidades se ha mencionado la participación de las firmas telefónicas o un consorcio privado. La Casa Blanca y el Congreso tendrán que buscarle solución al dilema.
Las notificaciones oficiales enviadas a bancos, compañías de teléfono y otras para que revelen información de sospechosos son actualmente mantenidas en secreto pero en lo adelante no podrán serlo más pasado un tiempo.
Con intención de poner punto final al escándalo internacional originado por las actividades de la NSA en el extranjero, Obama ordenó que EE.UU. no vigile más las comunicaciones de “nuestros aliados y estrechos amigos en el exterior” a menos que exista un imperioso propósito por razones de seguridad nacional.
Una directiva presidencial precisa para qué fines no puede utilizarse la información de inteligencia, y Obama también ha propuesto conceder a extranjeros algunas de las garantías de que gozan los estadounidenses contra el espionaje, y fijar restricciones y salvaguardas acerca de por cuánto tiempo se puede retener información sobre ciudadanos de otros países.
Otra de las propuestas en las que el Congreso tendrá que decidir es la creación de una comisión que defienda la privacidad y libertades civiles de los estadounidenses ante la denominada Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (CVIE) , encargada de lidiar jurídicamente con el espionaje antiterrorista de la NSA.
Obama ha pedido además al Departamento de Estado que designe a un alto funcionario para coordinar asuntos diplomáticos relacionados con la tecnología y recopilación de datos, y en la Casa Blanca otro funcionario tendrá bajo su supervisión el respeto a la privacidad de los estadounidenses.
A fin de hacer transparentes los procedimientos de la CVIE, Obama pedirá al Fiscal General y al Director de Inteligencia Nacional que revisen todos los años las decisiones adoptadas por la corte con la intención de ver cuáles pueden ser desclasificadas.
