El Comité Judicial del Senado de EE.UU. aprobó este jueves 11 votos contra 7 un proyecto de ley que endurece las penas contras quienes compren armas de fuego para transferirlas a personas que tienen prohibido hacerlo.
La votación es la primera que tiene lugar en el Congreso después de que la Casa Blanca y numerosos legisladores se pronunciaron a favor de restricciones más severas como consecuencia de la masacre cometida en diciembre último en una escuela primaria en Connecticut.
"Sabemos que muchas armas de fuego empleadas en actividades delictivas son adquiridas mediante segundas personas. Necesitamos una solución significativa para este serio problema”, dijo el senador Patrick Leahy, presidente del comité y patrocinador del proyecto.
Se trata de la primera de una seria de medidas que incluyen una que busca prohibir la compra de armas de asalto y cargadores con gran capacidad de proyectiles, otra que exigiría la revisión de antecedentes en todos los casos para poder adquirir armas y una cuarta para otorgar más fondos a fin de reforzar la seguridad en las escuelas.
Aunque sólo un senador republicano aprobó la propuesta de ley, Charles Grassley, de Iowa, otros legisladores de ese partido han indicado que al parecer cuando la iniciativa sea sometida a votación en el pleno del Senado, probablemente en abril, tendrá más respaldo.
La medida eleva a 15 años de cárcel el castigo a los que mientan a la hora de comprar un arma de fuego con la intención de pasarla a personas que pueden cometer un delito con ella.
Los republicanos opuestos al proyecto alegan que es innecesario porque las leyes actuales son adecuadas y podría ocasionar además que personas terminen en la cárcel aun cuando no supiesen que el arma que compran va a manos de alguien a quien la ley le prohíbe tenerlas.
A pesar de haberlo apoyado, el republicano Grassley señaló que se opondrá a la medida impulsada por la senadora Dianne Feinstein para prohibir la venta de armas de asalto porque a su juicio violaría el derecho a portar armas consagrado por la Constitución de EE.UU.
Esta propuesta y la que busca hacer rigurosas y obligatorias en todos los casos las revisiones de antecedentes para poder adquirir armas de fuego enfrentan hasta ahora fuerte resistencia de parte de legisladores republicanos.
La votación es la primera que tiene lugar en el Congreso después de que la Casa Blanca y numerosos legisladores se pronunciaron a favor de restricciones más severas como consecuencia de la masacre cometida en diciembre último en una escuela primaria en Connecticut.
"Sabemos que muchas armas de fuego empleadas en actividades delictivas son adquiridas mediante segundas personas. Necesitamos una solución significativa para este serio problema”, dijo el senador Patrick Leahy, presidente del comité y patrocinador del proyecto.
Se trata de la primera de una seria de medidas que incluyen una que busca prohibir la compra de armas de asalto y cargadores con gran capacidad de proyectiles, otra que exigiría la revisión de antecedentes en todos los casos para poder adquirir armas y una cuarta para otorgar más fondos a fin de reforzar la seguridad en las escuelas.
Aunque sólo un senador republicano aprobó la propuesta de ley, Charles Grassley, de Iowa, otros legisladores de ese partido han indicado que al parecer cuando la iniciativa sea sometida a votación en el pleno del Senado, probablemente en abril, tendrá más respaldo.
La medida eleva a 15 años de cárcel el castigo a los que mientan a la hora de comprar un arma de fuego con la intención de pasarla a personas que pueden cometer un delito con ella.
Los republicanos opuestos al proyecto alegan que es innecesario porque las leyes actuales son adecuadas y podría ocasionar además que personas terminen en la cárcel aun cuando no supiesen que el arma que compran va a manos de alguien a quien la ley le prohíbe tenerlas.
A pesar de haberlo apoyado, el republicano Grassley señaló que se opondrá a la medida impulsada por la senadora Dianne Feinstein para prohibir la venta de armas de asalto porque a su juicio violaría el derecho a portar armas consagrado por la Constitución de EE.UU.
Esta propuesta y la que busca hacer rigurosas y obligatorias en todos los casos las revisiones de antecedentes para poder adquirir armas de fuego enfrentan hasta ahora fuerte resistencia de parte de legisladores republicanos.
