Una vez más Guatemala es el centro de preocupación de la comunidad internacional, aseguraron este viernes EE. UU. y una serie de organismos internacionales que expresaron preocupación por “el deterioro acelerado del Estado de derecho” en el país centroamericano.
La comunidad responsabiliza a la Fiscalía General de la República de la detención de abogados opositores, así como persecución de defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros actores.
A través de su cuenta de Twitter, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, calificó las acciones como de “intimidación y venganza”.
“Las acciones del 10 de febrero del fiscal general de Guatemala contra los fiscales anticorrupción actuales y anteriores continúan un patrón de intimidación y venganza contra los individuos responsables de luchar contra la impunidad. Estas acciones preocupantes socavan el estado de derecho”, escribió el funcionario estadounidense.
Las palabra de Nichols llegan luego de que el jueves trascendiera que el Ministerio Público detuvo a la extitular de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leily Santizo, quien también es abogada defensora del exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval.
Este último también requerido por el MP por orden de la fiscal general, Consuelo Porras.
Porras, sancionada en 2021 por el Gobierno de EE. UU., es acusada por el mismo de socavar la democracia y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción en Guatemala.
Más reacciones
Por su parte la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas también reaccionó ante el arresto.
La oficina ha denunciado que los ataques contra fiscales, jueces y abogados se han incrementado tras el anuncio el anuncio del Gobierno de que finalizaría unilateralmente el acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
De acuerdo con el organismo, los fiscales, jueces, magistrados y abogados que trabajan para combatir la corrupción e impunidad son “defensores de derechos humanos”.
El organismo respaldó su denuncia con un informe y pidió “un mayor compromiso político y respaldo legal” para desarrollar una política pública integral para proteger a los defensores.
También la Unión Europea expresó su desacuerdo con las acciones del Ministerio Público de Guatemala por medio de un comunicado de prensa en el que afirma que “la Corte Suprema de Justicia y la Fiscal General han iniciado acciones legales en contra de jueces, abogados y fiscales independientes, resultando en arrestos y pérdida de inmunidad judicial”.
Otros organismos que también hicieron pública su preocupación en un documento y condenaron las acciones son la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Fundación para el Debido Proceso y Abogados sin Fronteras, entre otros.
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