NUEVA YORK - El presidente de los Estados Unidos Donald Trump dijo el lunes que quiere que la democracia se restaure pronto en Venezuela y advirtió que Estados Unidos podría adoptar medidas adicionales para ejercer presión sobre la nación productora de petróleo.
Trump hizo las declaraciones durante una cena con líderes latinoamericanos al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
"Las instituciones democráticas (en Venezuela) están siendo destruidas. La situación es completamente inaceptable. Como vecinos responsables y amigos del pueblo venezolano nuestro objetivo debe ser ayudarlos a recuperar su libertad, a recobrar su país y a restaurar su democracia", dijo Trump.
El mandatario estadounidense, cuyo gobierno ha aplicado sanciones financieras contra Venezuela, está dispuesto a tomar medidas adicionales si el régimen socialista del presidente Nicolás Maduro no cambia de curso.
"Estados Unidos ha tomado medidas importantes para hacer responsable al régimen. Estamos preparados para tomar más acciones si el gobierno de Venezuela persiste en el camino a imponer el régimen autoritario al pueblo venezolano", señaló.
Trump acusó a la dictadura socialista de Nicolás Maduro de "infligir terrible miseria y sufrimiento al buen pueblo de Venezuela".
"Este corrupto régimen destruyó una nación floreciente imponiendo una ideología fallida que ha producido pobreza y desesperación en todas partes donde se ha intentado. Y para empeorar las cosas, Maduro ha desafiado a su propia gente, robando el poder a sus representantes elegidos para preservar su desastroso gobierno", dijo Trump.
En su alocución el mandatario estadounidense pidió "a cada país aquí presente hacer más para solucionar esta increíblemente grave crisis. Pedimos la total restauración de la democracia y libertades políticas en Venezuela y queremos que suceda muy pronto", dijo .
Trump invitó a la reunión a los presidentes Michel Temer de Brasil, Juan Manuel Santos de Colombia, Juan Carlos Varela de Panamá y a la vicepresidenta de Argentina Gabriela Michetti.
Maduro ha culpado por los problemas financieros de Venezuela a una supuesta "guerra económica" por parte de los opositores en el país y Estados Unidos.
Antes de la cena, Santos dijo que discutirían con Trump maneras de
ejercer más presión sobre el gobierno de Maduro para ojalá "esperar una transición democrática pacífica".
"Lo que todos queremos es que Venezuela se convierta en una democracia
de nuevo y estamos ejerciendo toda la presión que podamos para que eso
suceda ", dijo Santos en una entrevista con la Agencia de Noticias Bloomberg.
Maduro no estará esta semana en la Asamblea General de la ONU, su ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, dijo en días pasados que el líder estaba "muy ocupado con las elecciones regionales, trabajando en asuntos económicos" y en la controvertida nueva asamblea nacional constituyente que asignó para reescribir la constitución del país. La poderosa nueva asamblea ha tratado de arrebatar la autoridad al poder legislativo internacionalmente reconocido, la Asamblea Nacional.
Arreaza representará a Venezuela en la reunión de la ONU. Su discurso al organismo internacional está programado para el jueves por la tarde.
El gobierno de Trump ha etiquetado a Maduro como "un dictador". Se negó a reconocer a la nueva asamblea, cuyos 545 miembros pro-gobierno incluyen a su esposa e hijo.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también sancionó personalmente a Maduro, congelando sus bienes bajo jurisdicción de los Estados Unidos, aunque no está claro si éstos existen o cuáles son y prohibiendo a cualquier ciudadano de los EEUU hacer negocios con él.
A principios de abril, los años de profundización de la agitación política y económica en Sudamérica alcanzaron niveles desesperados. Los venezolanos comenzaron a organizar protestas masivas en las calles para exigir elecciones regionales y presidenciales, la liberación de presos políticos y el acceso a la ayuda humanitaria.
Más de 125 personas han muerto en enfrentamientos relacionados con las protestas. Pero el sufrimiento es generalizado en el país de 32 millones de personas, rico en petróleo, con inflación de tres dígitos, hambre desenfrenada y tasas de criminalidad elevadas.
La semana pasada, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, pidió una investigación criminal por las acusaciones de que el gobierno de Maduro ha utilizado una fuerza excesiva contra los manifestantes y trató de suprimir la oposición política.
"Hay un peligro muy real de que las tensiones se intensifiquen, con el gobierno aplastando las instituciones democráticas y las voces críticas", dijo Hussein al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El jueves pasado, la Organización de Estados Americanos inició audiencias públicas sobre si el gobierno de Maduro debería ser referido a la Corte Penal Internacional (CPI).
Arreaza, el canciller venezolano, refuta las denuncias de abusos de derechos humanos, diciendo que han sido inventadas como excusas para entrometerse en los asuntos internos del país. "Los informes recientes contra Venezuela carecen de rigor metodológico, son infundados, inducidos y dirigidos a perturbar la soberanía, la paz y la estabilidad de nuestro pueblo", dijo.
Mientras tanto, después de dos días de reuniones la semana pasada en la República Dominicana, representantes del gobierno venezolano y de su oposición política acordaron iniciar una nueva etapa de conversaciones para resolver la crisis.
"Estamos apoyando esos esfuerzos, con la esperanza de que habrá algún resultado", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Lydia Barraza, a la VOA el lunes. Agregó que la ONU y su Consejo de Derechos Humanos deben mirar críticamente la "violación de los derechos humanos" y la constitución venezolana.
El miércoles, el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, planea reunirse con al menos algunos de los 12 signatarios de la Declaración de Lima de la OEA, que promete "explorar maneras de contribuir a la restauración de la democracia" en Venezuela "por medios pacíficos y negociados".
Brasil, Colombia, Panamá y Perú están entre los firmantes - junto con Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay.
El corresponsal de la VOA en la Casa Blanca, Pete Heinlein, contribuyó a este informe.
