El Comité de Relaciones Exteriores del Senado celebrará el miércoles una audiencia para considerar un proyecto de ley que busca imponer sanciones a los funcionarios del gobierno nicaragüense responsables de los abusos de derechos humanos en el país en los últimos meses.
Se trata del segundo paso que una pieza legislativa tiene que pasar después de haber sido introducida y antes de que pase a ser considerada por el Senado.
La ley de Anticorrupción y de Derechos Humanos de Nicaragua de 2018 fue presentada en el cuerpo legislativo por los senadores Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey y miembro de más alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y Ted Cruz, republicano por Texas, entre otros.
La medida requiere la imposición de sanciones a funcionarios del gobierno nicaragüense responsables por la muerte de civiles, la violación de derechos humanos y la corrupción en el país centroamericano.
También hace un llamado a una salida negociada de la crisis, incluyendo un compromiso de elecciones adelantadas, y requiere reportes de inteligencia en la participación de oficiales gubernamentales en casos de corrupción y de violación de derechos humanos.
“Lo que comenzó como protestas legítimas se convirtió en una masacre que durante meses ha azotado a los ciudadanos nicaragüenses por parte de fuerzas de seguridad del Estado y de grupos paramilitares afiliados al régimen de Ortega,” señaló el senador Menéndez al presentar el proyecto de ley a mediados de julio.
“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo hacen de su propio pueblo un blanco, como lo evidencian las imágenes de disparos a estudiantes buscando refugio dentro de una iglesia”, dijo el demócrata por Nueva Jersey.
“Las sanciones que proponemos hoy se concentran en el centro de la violencia que afecta a Nicaragua: el régimen de Ortega y sus 'milicos', quienes están infligiendo una campaña de terror en contra de nicaragüenses inocentes. Esta legislación es el paso más reciente para responsabilizarlos, y a menos de que estos abusos terminen, no será la última”, dijo el senador Cruz.
“Existe un nexo intrínseco de cooperación de seguridad entre Nicaragua, Rusia y Venezuela que representa un riesgo directo para la seguridad nacional estadounidense. Apuntar a los activos de los líderes sancionados de Nicaragua, como se requiere en este proyecto de ley, ayudará a revelar la red de instituciones financieras que se utilizan para actividades ilícitas”, agregó el republicano por Texas.
El proyecto de ley también requiere que el Secretario de Estado certifique anualmente si el gobierno nicaragüense está tomando medidas para mantener las normas de gobernabilidad democrática, derechos humanos y anticorrupción, dejando abierta la posibilidad de no imponer nuevas sanciones si se produce esta certificación.
Para el legislador Carlos Curbelo, este proyecto de ley es una oportunidad única para que el gobierno de Ortega rinda cuentas sobre la ola de violencia que arrasa al país.
La propuesta de ley de Condicionalidad de Inversiones Nicaragüense que fue presentada por la legisladora Ileana Ros-Lehtinen en 2017, restringiría que la Banca Internacional haga préstamos al gobierno de Nicaragua.
En un tuit el miércoles, la legisladora agradeció a la Comisión de Relaciones exteriores por su apoyo a la gente de Nicaragua.
Carlos Curbelo comenta que la decisión manda un mensaje claro de que el gobierno estadounidense continuará apoyando al pueblo de Nicaragua. Curbelo indicó que “los intereses económicos no son más importantes que los derechos humanos”.
"Como en Nicaragua no hay justicia, esta es la única manera de aplicar algún tipo de justicia" en el país, dijo en entrevista con La Voz de América.
Curbelo confía en que esta pieza legislativa sea aprobada, en última instancia, por el presidente Trump, enviando una señal al "régimen de Ortega" de que EE.UU. seguirá trabajando en contra de ese gobierno.
