El gobierno de Estados Unidos reiteró este miércoles al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que "tiene hasta la primavera" para rehabilitar a candidatos presidenciales opositores y honrar su compromiso por unas elecciones justas, si quiere evitar el regreso de sanciones petroleras por parte de Washington, diseñadas para dificultar las operaciones y asfixiar la economía venezolana.
"El régimen de Maduro se comprometió en otoño sobre lo que iban a hacer para permitir elecciones libres y justas y permitir la participación activa de los partidos de oposición. Tienen hasta la primavera para avanzar en esos compromisos y lo estaremos observando de cerca", respondió el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby a una pregunta de la Voz de América.
Kirby reafirmó la posición de Washington, que anunció el martes que no renovará las licencias que alivian las sanciones al sector energético de Venezuela cuando estas expiren el próximo abril. El relajamiento de las restricciones económicas, impuestas en 2019, estaba atado a avances democráticos en el país sudamericano.
"Las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes en Venezuela, incluido el arresto de miembros de la oposición democrática y la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año, son inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados en octubre", afirmó el Departamento de Estado de EEUU en un comunicado.
El gobierno estadounidense insistió en que, "a falta de avances" por parte de Caracas, "particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, EEUU no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril".
Washington también revocó una licencia general que autorizaba transacciones relacionadas con Minerven, la empresa de oro estatal de Venezuela.
"Esperamos que el régimen de Maduro dé un paso al frente y cumpla los compromisos que asumió en octubre", reiteró Kirby este miércoles en la usual reunión vespertina con la prensa en la Casa Blanca.
Por su parte, la Cancillería venezolana denunció lo que califica de "ultimátum contra toda la sociedad venezolana", que busca "desestabilizar” la economía y el bienestar de los ciudadanos del país.
"Venezuela no cederá ante ningún chantaje. Sus instituciones continuarán cumpliendo con las leyes y la Constitución nacional", aseguró un comunicado del gobierno de Nicolás Maduro.
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