El gobierno estadounidense apeló un bloqueo judicial a la orden ejecutiva de inmigración del presidente Donald Trump que prohibe el ingreso al país de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana y suspende el programa de refugiados.
El miércoles, un juez federal extendió la suspensión de la orden de restricción de viajes, mediante una medida cautelar solicitada por el estado de Hawái.
El 15 de marzo, el juez de distrito Derrick Watson prohibió temporalmente al gobierno implementar la orden.
En su decisión, el juez Watson escribió que las circunstancias que llevaron a su decisión inicial no han cambiado, incluido el argumento de Hawái de que las declaraciones de Trump y sus asociados contra los musulmanes.
El juez dijo que el estado había establecido suficientemente la posibilidad de que pudiera ganar su demanda bajo la premisa de que viola una cláusula de la Constitución que requiere al gobierno que sus acciones tengan principalmente un propósito secular.
La apelación del gobierno fue presentada en la Novena Corte del Circuito de Apelaciones el jueves. Ese circuito ya ratificando una suspensión temporal a la orden ejecutiva original de Trump que proponía "una revisión extrema de antecedentes" a las personas provenientes de países vinculados al terrorismo.
La Casa Blanca ha insistido en que la actual orden ejecutiva no es una restricción de entrada a musulmanes y el presidente ha alegado que es necesaria para proteger la seguridad nacional. La orden ordena suspender la emisión de visas a ciudadanos de Irán, Siria, Libia, Yemen, Somalia y Sudán por 90 días, así como suspender el programa de refugiados por 120 días.
En esos periodos, se supone que se realizará la revisión de los procedimientos de investigación de viajeros y cómo reforzarlos.
El juez Watson dice que el gobierno ha alegado que las cortes no deben considerar el contexto que rodea a la orden, a lo que él responde que: "La corte no se esconderá en una esquina, cerrará las persianas y pretenderá que no ha visto lo que ha visto".
El gobierno ha alegado que cualquier mandato judicial debe aplicarse solo a la prohibición de visas y no debe afectar la suspensión de la admisión de refugiados. Sin embargo, el juez dice que "tiene poco sentido hacer eso".
