Un juez federal ordenó el miércoles suspender por dos semanas el desfasamiento de las restricciones al asilo implementadas por la pandemia, y planteó dudas sobre el plan del gobierno del presidente Joe Biden de levantar totalmente esas restricciones el 23 de mayo.
Por ahora, la decisión es sólo un revés temporal para el gobierno. Sin embargo, el juez adoptó una postura muy favorable a Louisiana, Arizona y otros 19 estados que demandaron para preservar la autoridad del Título 42, la cual niega a los inmigrantes la posibilidad de solicitar asilo con el argumento de evitar la propagación del COVID-19.
”(Los estados) han establecido que existe una amenaza sustancial de daños inmediatos e irreparables resultantes” del levantamiento del Título 42, incluyendo costos irrecuperables en atención médica, aplicación de la ley, detención, educación y otros servicios para los migrantes, escribió el juez de distrito Robert Summerhays en Lafayette, Louisiana.
Summerhays, quien fue nombrado por el expresidente Donald Trump, dijo que es probable que los estados tengan éxito con su argumento de que el gobierno no se adhirió a los procedimientos federales cuando anunció el 1 de abril que daría fin a la autoridad del Título 42.
El juez ha programado una audiencia crucial para el 13 de mayo en Lafayette con el fin de escuchar argumentos sobre si debe impedir que el Título 42 termine según está previsto 10 días después.
Texas presentó una demanda similar el viernes en el tribunal federal de Victoria, Texas.
La decisión de poner fin a la autoridad del Título 42 fue tomada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Ha sido objeto de crecientes críticas por parte de funcionarios electos del Partido Demócrata, al que pertenece Biden, que sostienen que el gobierno no está preparado para un aumento previsto de solicitantes de asilo.
El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios sobre la orden, pero el gobierno ha dicho que la cumplirá, aunque sostiene que esta dificultará los preparativos para que el Título 42 termine el 23 de mayo.
Aproximadamente el 14% de los adultos solos procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador fueron procesados bajo las leyes de inmigración durante un período de siete días que finalizó el pasado jueves. Esta cifra es superior a la del 5% en marzo, según cifras del gobierno.
La orden de Summerhays requiere que el Departamento de Seguridad Nacional “regrese a las políticas y prácticas que estaban en vigor” antes que anunciaran los planes para poner fin al Título 42 y que entregue reportes semanales que demuestren que está actuando “de buena fe”.
Se ha expulsado a migrantes más de 1,8 millones de veces bajo la norma invocada en marzo de 2020 por el gobierno de Trump. Se detuvo a migrantes más de 221.000 veces en la frontera con México en marzo, la cifra más elevada en 22 años, lo que ha provocado preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para manejar un número aún mayor cuando se levante el Título 42.
Los defensores de los solicitantes de asilo dicen que las restricciones ponen en peligro a las personas que huyen de persecución en su país y violan el derecho a solicitar protección consagrado en la legislación estadounidense y en tratados internacionales.
Tal y como reconocieron los CDC, la justificación de salud pública para mantener la orden se ha debilitado a medida que la amenaza del COVID-19 ha disminuido.
En dos audiencias el miércoles, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, intentó defender el manejo que ha dado el gobierno al incremento de la llegada de migrantes a la frontera suroccidental y a sus planes para hacer frente a la posibilidad de que lleguen aún después del fin potencial del Título 42.
Mayorkas trató de rebatir las acusaciones de los republicanos de que el gobierno de Biden ha fomentado la migración irregular al permitir que algunas personas soliciten asilo, y culpó a la agitación económica y política, y a la violencia en toda América Latina y el mundo.
“Algunas de las causas de la migración irregular no han hecho más que aumentar por los años de sufrimiento que preceden a esta administración”, dijo.
Mayorkas testificó un día después de que el Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer un plan con más detalles sobre cómo se estaba preparando para el fin de la autoridad del Título 42.
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