Una corte federal en Washington le dijo a la administración Trump el viernes que el gobierno no puede interferir con la capacidad de las adolescentes inmigrantes embarazadas que se encuentran bajo custodia federal para obtener abortos.
Un juez emitió una orden el viernes por la noche prohibiendo que el gobierno "interfiera u obstruya" el acceso de las menores embarazadas al asesoramiento sobre el aborto o el aborto, entre otras cosas, mientras procede una demanda. La orden cubre a menores embarazadas bajo custodia federal después de que han ingresado ilegalmente al país.
Los abogados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que es responsable de proteger a los niños indocumentados que no están acompañados de sus padres, han dicho que el departamento tiene una política de "negarse a facilitar" el aborto. Y el director de la oficina que supervisa los refugios ha dicho que cree que los adolescentes bajo el cuidado de su agencia no tienen derecho constitucional al aborto.
Demanda ACLU
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles interpuso una demanda en nombre de los menores, que el juez que supervisa el caso también permitió el viernes avanzar como una demanda colectiva.
"Hemos podido garantizar justicia para estas jóvenes embarazadas bajo custodia del gobierno que ya no estarán sujetas a la política de coerción y obstrucción del gobierno mientras el caso continúa", dijo la abogada de la ACLU, Brigitte Amiri, luego de que la orden del juez se hiciera pública.
El gobierno puede apelar la orden del juez. Un vocero del Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud por correo electrónico el viernes por la tarde para hacer comentarios.
La administración de ACLU y Trump ha estado luchando durante meses sobre la política del gobierno.
Caso de Texas
En un caso de alto perfil el año pasado, la ACLU representó a una adolescente que ingresó ilegalmente a EE.UU. en septiembre y supo, mientras estaba bajo custodia federal en Texas, que estaba embarazada. Obtuvo una orden del tribunal estatal que le permitía abortar, pero los funcionarios federales se negaron a transportarla o liberarla temporalmente para que otros pudieran llevarla a realizar el procedimiento. El adolescente finalmente pudo abortar en octubre como resultado de la demanda, pero la administración Trump acusó a ACLU de engañar al gobierno durante el caso, un cargo que la ACLU ha negado.
Desde entonces, la ACLU ha representado a otros adolescentes que buscaron abortos mientras estaban bajo custodia, pero la organización desconoce si hay otros que buscan activamente abortos, dijo Amiri el viernes por la noche. La orden del juez ahora cubre a todos los adolescentes que se encuentran bajo custodia o que entran en custodia mientras la demanda continúa.
La política no es ley
En una declaración tomada en diciembre como parte del litigio, Scott Lloyd, director de la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., que supervisa los refugios para menores inmigrantes no acompañados, dijo que las adolescentes embarazadas bajo el cuidado de su agencia no tienen derecho al aborto según la Constitución. Lloyd, que ha escrito sobre su propia oposición al aborto, dijo que no había aprobado ningún aborto desde que se convirtió en director en marzo de 2017. Eso incluyó rechazar la solicitud de aborto de una adolescente que quedó embarazada como resultado de una violación.
La jueza federal de distrito Tanya Chutkan dijo el viernes en su fallo que Lloyd y su oficina "ciertamente tienen derecho a mantener su interés en la vida fetal, e incluso prefieren que las menores embarazadas bajo su custodia elijan un curso(de acción) sobre el otro", pero el gobierno no puede 'crear o implementar una política que despoje a los menores' de su derecho a tomar sus propias decisiones reproductivas.
