El secretario de Justicia Jeff Sessions ordenó el viernes una política de "tolerancia cero" contra los inmigrantes que entren ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera con México.
La orden indica que los fiscales federales de los estados fronterizos deben de poner más énfasis en presentar cargos de ingreso ilegal contra inmigrantes, algo que históricamente ha sido tratado como un delito menor cuando se aplica a inmigrantes que no han sido detenidos previamente por las autoridades fronterizas o que han sido detenidos pocas veces.
Los "coyotes" o contrabandistas de inmigrantes que han sido detenidos varias veces generalmente son encausados por delitos más graves.
Sessions dijo a los fiscales que pidan más recursos si los necesitan. Como modelo, señaló a un proyecto de la Patrulla Fronteriza lanzado en 2005 que llevaría a condenas y sentencias carcelarias de poco tiempo.
La semana pasada, Sessions estableció que los jueces de inmigración tienen que procesar una cantidad mínima de casos a fin de mitigar el atraso en las cortes.
Gobernadores no podrían negarse a uso de Guardia Nacional
Entretanto, algunos gobernadores de los estados vecinos a la frontera con México, en su mayoría demócratas, han expresado oposición al plan del presidente Donald Trump de desplegar efectivos de la Guardia Nacional para asistir a la Patrulla Fronteriza en los esfuerzos para impedir el cruce de indocumentados desde México.
Los gobernadores tienen cierto margen de maniobra para decir no al presidente, pero dependiendo de qué ley usará Trump para ordenar el despliegue, el asunto podría estar fuera del control de los ejecutivos estatales.
El estatuto conocido como "Título 10" prevé que el personal de la Guardia Nacional pase a control del presidente y reciba paga y prestaciones federales. También prohíbe efectuar labores de policía civil a menos que se las autoricen explícitamente, según el Servicio de Investigación del Congreso.
Trump anunció el jueves que desea enviar de 2.000 a 4.000 efectivos de la Guardia a la frontera para ayudar a los agentes federales a combatir la inmigración ilegal y el tráfico de narcóticos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en Twitter que ella tuvo una "conversación productiva" sobre el despliegue con los gobernadores de los estados de la frontera suroeste.
El viernes, el gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, anunció que la próxima semana enviará unos 150 miembros de la Guardia Nacional estatal a la frontera con México.
Por su parte, los gobernadores republicanos de Nuevo México y Texas apoyaron el plan. El gobernador demócrata de California, Jerry Brown, ha guardado silencio sobre el asunto. Se desconoce si Trump solicitará efectivos de estados no fronterizos.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, describió el despliegue como "una buena medida inicial". Si el gobierno determina que se necesitan más efectivos, "lo decidiremos en su momento", dijo.
El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, señaló que contribuirá si se lo piden. "Responderemos el llamado", declaró Burgum. "Desde las inundaciones históricas hasta los acontecimientos más recientes, nosotros los habitantes de Dakota del Norte sabemos por experiencia cuán crítico es el apoyo entre los estados en momentos de necesidad".
El gobernador de Nevada, el republicano Brian Sandoval, se opuso al plan. Su portavoz, Mary-Sarah Kinner, dijo en un correo electrónico que Sandoval no cree que la misión constituiría "un uso adecuado" de la Guardia de Nevada.
La gobernadora de Oregon, Kate Brown, señaló que podría rechazar la petición de Trump. "Como comandante de la Guardia de Oregon, estoy profundamente preocupada por el plan de Trump de militarizar nuestra frontera", tuiteó Brown.
Su portavoz, Bryan Hockaday, reconoció que la gobernadora podría carecer de autoridad en el asunto si Trump recurre el código federal. Trump "puede federalizar las fuerzas de la Guardia Nacional, y no hay mucho que la gobernadora pueda hacer para impedirlo", agregó.
Sin embargo, si la misión de la Guardia Nacional se ordena de conformidad con otra ley federal llamada Título 32, el protocolo podría ser diferente. Dicha ley prevé que el mando y el control del personal de la Guardia Nacional yace en sus respectivos gobernadores, aun cuando los efectivos por lo general sirven a un propósito federal, afirma el Servicio de Investigación del Congreso.
Aunque el gobernador de California no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, el portavoz de la Guardia Nacional de California, teniente coronel Tom Keegan, dijo que cualquier solicitud "será revisada sin demora para determinar la mejor manera de asistir a nuestros colegas federales".
"Esperamos más detalles, incluidos los relacionados con el financiamiento, la duración y la misión", señaló Keegan.
La gobernadora de Alabama, la republicana Kay Ivey, dijo el viernes que consultará con el titular de la Guardia del estado sobre qué recursos están disponibles.
De concretarse, no sería la primera vez que la Guardia Nacional es movilizada a la frontera con México.
Casi cualquier estado y territorio estadounidense aportó miembros de la Guardia Nacional para la Operación Jump Start, anunciada por el presidente George W. Bush en 2006. Unos 30.000 efectivos de la Guardia Nacional participaron en total, según un análisis de 2008 de la Guardia Nacional, incluidos más de 1.000 aportados en forma individual por Kentucky, Carolina del Norte y Carolina del Sur.
Durante la operación Phalanx ordenada por el presidente Barack Obama en 2010, 1.200 miembros de la Guardia fueron desplegados en la frontera, principalmente en Arizona, California, Nuevo México y Texas.
A mediados de la década de 1980, los soldados de la Guardia Nacional fueron enviados más allá de la frontera sur, a Honduras, donde efectuaron maniobras militares. Las misiones tuvieron lugar cuando las fuerzas sandinistas de la vecina Nicaragua combatían a los rebeldes contras respaldados por Washington que tenían bases clandestinas en suelo hondureño.
