Reuters
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes involucrarse en el debate sobre la inmigración ilegal, negándose a considerar la apelación de un grupo de mujeres y niños centroamericanos que buscan asilo en este país, y que habían pedido al Alto Tribunal para aclarar los derechos constitucionales de la gente que el gobierno ha priorizado para deportación.
Las 28 mujeres y 33 niños de 2 a 17 años, son originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala. Ellos confiaban en que la Corte Suprema derogara el fallo de un tribunal menor de Filadelfia, que les impide solicitar que sus órdenes de deportación expeditas sean revisadas por un juez federal.
La corte de Filadelfia dijo que el estatus de las familias, todas detenidas en Texas, y posteriormente transferidas a Pensilvania, era semejante al de extranjeros a los que se niega la entrada en la frontera y por tanto no tienen derecho a una audiencia judicial para apelar esa decisión.
La inmigración se ha convertido en un tópico más polémico que lo usual en Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero. Su gobierno ha ordenado la construcción de un muro en la frontera con México, a fin de contener la inmigración ilegal, y planea incrementar el número de deportaciones expeditas, un proceso que se aplica a los extranjeros que no tienen documentación válida.
Las familias dicen que están escapando de amenazas y violencia y que la policía en su país no puede o no quiere ayudarlos.
La principal demandante, Rosa Castro, una salvadoreña que escapó tras años de violaciones, golpizas y abuso emocional a manos del padre de su hijo que tenía seis años cuando llegaron a Estados Unidos en 2015, según documentos presentados en la corte.
Leslie Cruz, otra de las demandantes también llegó en 2015, ella huyó de Honduras para proteger a su hija de ser violada por miembros de la Mara Salvatrucha, una pandilla armada que asola a Centroamérica y se ha extendido a algunas áreas de Estados Unidos.
Las familias fueron detenidas en Texas pocas horas después de haber cruzado ilegalmente la frontera desde México. Luego de solicitar asilo, jueces de inmigración determinaron que no tenían "un temor creíble" de persecución y ordenaron que se procese su deportación inmediata.
El grupo estaba detenido en el Centro Residencial del Condado Berks, en Leesport, Pensilvania, donde todavía permanecen 12 mujeres y sus hijos. Los demás han sido liberados con órdenes de supervisión, informó la Unión de Libertades Civiles Americanas, ACLU por sus siglas en inglés, grupo que está representándolos.
Las mujeres impugnaron en corte el rechazo a sus solicitudes de asilo, alegando que se había violado su derecho constitucional al debido proceso.
En agosto, la Tercera Corte de Circuito de Apelaciones en Filadelfia dijo que los refugiados podrían ser tratados de la misma forma que extranjeros que buscan entrada inicial a Estados Unidos, y que no tienen ningún derecho constitucional a revisión de sentencias judiciales si se les niega la entrada.
Las mujeres apelaron el fallo ante la Corte Suprema.
Las autoridades estadounidenses informaron que desde diciembre ha habidoun 93 por ciento de reducción en el cruce de inmigrantes ilegales por la frontera de México, que se atribuye a las más estrictas medidas anti-inmigración del gobierno de Donald Trump.
