Padres de familia que entablaron demandas tras haber sido separados de sus hijos en la frontera entre Estados Unidos y México están rechazando un intento del Departamento de Justicia de requerir evaluaciones psicológicas adicionales para medir qué tanto los traumatizó la política migratoria estadounidense, según muestran documentos judiciales.
El efecto de la política del gobierno del presidente Donald Trump —a la que líderes políticos y religiosos de todo el mundo calificaron de inhumana— ha sido bien documentado, y es injusto exigir que los padres se sometan a otra ronda de pruebas ahora, argumentaron abogados en documentos presentados el jueves ante la corte.
Una mujer declaró que se puso a llorar cuando fue separada de su hija de 7 años durante lo que a fin de cuentas fueron más de dos meses, señalan documentos judiciales. Miles de niños fueron separados de sus padres; algunos aún no regresan con ellos.
Los migrantes que exigen una compensación ya se han sometido a otras evaluaciones, pero el Departamento de Justicia indicó el mes pasado que es necesario que un experto seleccionado por el gobierno realice pruebas, ya que los padres alegan padecer afectaciones mentales y emocionales permanentes.
Las evaluaciones psicológicas de ambas partes son un proceso de rutina en acusaciones de daños emocionales, pero los abogados de los padres dicen que el gobierno ha alargado el proceso, y señalan que las pruebas traerían consigo dificultades emocionales y logísticas, incluyendo faltas al trabajo y tener que contratar a cuidadores de niños a pesar de que los padres reciben salarios bajos.
Los efectos de las separaciones familiares han sido explorados exhaustivamente, incluso por parte de investigadores gubernamentales, que hallaron que los niños separados de sus padres mostraban más miedo, sentimientos de abandono y síntomas de estrés postraumático. El presidente Joe Biden dijo durante su campaña que las políticas eran “indignantes, un fracaso moral y una mancha en nuestro carácter nacional”.
Trump suspendió la práctica en junio de 2018 en medio de críticas generalizadas, apenas días antes de que un juez ordenara se pusiera fin al programa en repuesta a una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles.
Padres de familia que fueron estudiados por Physicians for Human Rights (Médicos por los Derechos Humanos), un grupo de doctores sin fines de lucro que trabaja para documentar violaciones a los derechos humanos, tenían pensamientos suicidas y sufrían varios problemas, incluyendo pesadillas, depresión, ansiedad, pánico, preocupación y dificultad para dormir.
El Departamento de Justicia no está solicitando que los niños sean evaluados de nuevo ahora, pero está reservándose el derecho a hacerlo posteriormente de ser necesario. A la larga, un juez decidirá, posiblemente en cuestión de semanas, si se requerirán las nuevas evaluaciones.
Las solicitudes surgieron en dos casos interpuestos por 11 familias. Casi dos docenas de casos similares están pendientes en otros tribunales, y algunos ya se han sometido a evaluaciones psiquiátricas solicitadas por el gobierno. En un caso del sur de Florida, un padre y su hijo accedieron a someterse al mismo examen, uno que fiscales federales dicen está dentro de lo que se considera adecuado.
Existe un programa por separado para reunir a otras familias, y aún hay cientos que no han sido reunidas. El gobierno de Biden formó un grupo especial que ha reunificado a unas 600 familias.
Ambas partes habían estado negociando un acuerdo, pero las conversaciones se vinieron abajo después de que se diera a conocer una propuesta inicial de pagar 450.000 dólares por persona, lo que fue muy criticado por los republicanos.
La política de “cero tolerancia” de Trump significaba que cualquier adulto que cruzara la frontera ilegalmente sería enjuiciado por ingreso ilegal. Debido a que los niños no pueden ser encarcelados con sus familiares, las familias fueron separadas y los niños fueron tomados para su custodia por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que atiende a menores que viajan solos y llegan a la frontera. No se creó ningún sistema para reunir a los niños con sus familias.
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