El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, defendió las condiciones en las estaciones de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. después de informes de condiciones insalubres.
McAleenan afirmó en una entrevista en el programa de a ABC "This Week" que hay una "situación extraordinaria y desafiante" en la frontera, pero que los informes sobre alimentos y agua inadecuados y celdas sucias en una estación en Clint, Texas, no tienen fundamento.
McAleenan detalló que el DHS ahorta tiene 350 niños bajo custodia, a diferencia del 1 de junio cuando tenía 2.500. Afirmó que lo aprobado por el Congreso recientemente y firmado por el presidente Donald Trump, 4.600 millones de dólares, servirán para camas e instalaciones temporales.
La oficina de vigilancia del gobierno reportó la semana pasada un grave hacinamiento en el Valle del Río Grande de Texas, un corredor ocupado por cruces ilegales. El informe dijo que los niños en tres instalaciones no tenían acceso a duchas y que algunos niños pequeños permanecieron en estos centros durante más de dos semanas.
Por su parte, el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, indicó que la Casa Blanca está explorando las posibles acciones que puede tomar sobre las políticas de inmigración y asilo en los próximos meses sin apoyo del Congreso.
"Habrá algunas en los próximos meses, como la regla de cargos públicos", dijo Cuccinelli a "Face the Nation" de CBS, en referencia a las propuestas del gobierno federal que negarían las tarjetas verdes a los solicitantes que creen que probablemente usarían servicios como Medicaid.
Cuccinelli dijo que la Casa Blanca también está explorando sus opciones con respecto al acuerdo Flores v. Reno de 1997, que regula la capacidad del gobierno para detener a menores.
Cuccinelli dijo a CBS que, sin embargo, por el momento la Casa Blanca no podía cambiar las definiciones legales de quién puede solicitar asilo. "Estamos tratando de hacer que el sistema funcione mejor".
El presidente Trump había amenazado con una serie de redadas de Inmigración y Control de Aduanas en las principales ciudades de Estados Unidos en junio, antes de anunciar que las suspendería durante dos semanas para permitir que el Congreso aborde las leyes de asilo.
