Este lunes entrará en vigor la restricción de Carga Pública, por medio de la cual se podrá negar visa estadounidense a quienes hayan solicitado o puedan tener que solicitar asistencia en programas de alimentación, salud o vivienda.
La medida afecta a quienes hayan hecho uso de ayuda gubernamental, o estén en posición de necesitarla, de acuerdo a la interpretación ampliada del concepto.
La ley establece nuevos criterios para las autoridades federales al evaluar a los inmigrantes que desean convertirse en residentes legales permanentes en Estados Unidos.
Los funcionarios de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. analizarán la edad, la salud, la educación, los activos y los ingresos para identificar a aquellos que probablemente dependan o sigan dependiendo de beneficios del gobierno para la nutrición, la vivienda o la atención médica.
Usando la ley, los funcionarios pueden negar las solicitudes de tarjeta verde (Green card) u ordenar que los inmigrantes sean deportados del país. Las órdenes de expulsión pueden ser apeladas, pero a menudo conducen a la deportación.
Ángel Leal, abogado de inmigración, explicó a la Voz de América los cambios en el concepto de carga pública.
Leal dijo que la medida anterior consideraba como carga pública a “una persona primordialmente dependiente de la asistencia pública", y ahora considera bajo ese concepto "a una persona que pudiera acudir a algún tipo de ayuda gubernamental por doce meses a través de un tiempo de tres años”.
Hay peticiones de personas que se encuentran en el extranjero que requieren, por ejemplo, de un patrocinante económico, estos casos, asistidos a nivel consular, deberán ajustarse a la nueva medida, expuesta en la declaración de autosuficiencia, es decir el formulario I 944, que consta de 18 páginas.
