Las opiniones siempre han estado divididas. Pero en los últimos meses, luego del triunfo del partido republicano en las elecciones legislativas de noviembre pasado, la polémica se ha hecho más intensa. El debate sobre la tenencia y posesión de armas de fuego es hoy por hoy uno de los que más polarizado tiene a los estadounidenses.
El atentado el mes pasado en Tucson, Arizona, contra la congresista demócrata Gabrielle Giffords, en el que seis personas fueron muertas y 14 heridas a manos de un joven con una pistola, puso una vez más sobre el tapete la controversia. ¿Hay estados demasiado condescendientes con quienes desean comprar un arma de fuego? ¿Se violó la ley federal que establece verificar los antecedentes de todo el que quiera comprar una?
El asunto es mucho más complicado que eso. En junio del año pasado la Corte Suprema de EE.UU. se pronunció contra las leyes estatales que restrinjan o prohíban la compra y posesión de armas de fuego, en una decisión que respalda a quienes enarbolan la prerrogativa que les confiere la Carta Magna del país, en cuya segunda enmienda se enuncia la portación de armas como un derecho constitucional.
Sin embargo, cada estado regula y codifica de manera diferente la venta y posesión de armas de fuego. Y mientras en algunos las prohibiciones son rigurosas, en otros no lo son, lo que a nivel nacional pone en tela de juicio la efectividad de las restricciones estatales donde existan, como en el caso de la ciudad de Nueva York, donde más de 80 por ciento de las armas que confisca la policía provienen de otros estados.
Aulnque pudiera pensarse que las campañas permanentes en todo el país de los grupos opuestos a las armas de fuego están dando resultado, los hechos no lo confirman. Por ejemplo, una propuesta de ley recién presentada por la legislatura en Texas permitiría a los estudiantes de universidades acudir a las aulas armados.
Los defensores de la legislación arguyen que hechos como los ocurridos cuando la masacre en la universidades de Virginia Tech, en 2007, y de Illinos, en 2008, demuestran que la mejor manera de prevenir matanzas similares y ayudar a que los alumnos puedan estar más protegidos es que lleven un arma para defenderse.
En otros cuatro estados, Florida, Arkansas, Carolina del Sur y Oklahoma, hay actualmente en curso iniciativas legislativas para autorizar que los ciudadanos puedan portar armas abiertamente y que no requieran de un permiso especial para llevarlas ocultas, como es ley ahora en la mayoría de los estados que no prohíben su tenencia.
Los números pueden meter miedo. Pero depende de cómo se los mire. Se estima que uno de cada cuatro adultos en el país posee al menos un arma de fuego. En 2009 las había en el 33 por ciento de los hogares estadounidenses. Pero en 1977, la proporción era mucho mayor, 54 por ciento,
Cada cual defiende sus estadísticas a brazo partido. Los que se oponen a la posesión de armas alegan entre otras cuestiones que aun cuando las leyes sean lo más estrictas posibles siempre queda la posibilidad de que las armas paren en manos de delincuentes. También aluden a la alta tasa de asesinatos y suicidios cometidos con ellas, y al peligro que representan en hogares donde hay menores de edad.
Por otro lado, los que las defienden argumentan que no son las armas las que matan, sino los hombres; que una de las primeras cosas que hacen los gobiernos dictatoriales es abolir el derecho de los ciudadanos a tenerlas, y que en los estados donde incluso se permite portarlas a la vista la tasa delitos violentos es mucho menor.
La pregunta, después de años y años de polémica, sigue siendo la misma: ¿Quién tiene la razón?
