Un exmarino argentino que durante casi cinco décadas evadió a la justicia de su país enfrenta a partir del lunes un juicio en Miami por su presunto papel en una masacre en la que fueron fusilados prisioneros políticos en una base militar de la Patagonia en los años 70.
Roberto Guillermo Bravo, quien vive libremente en Estados Unidos desde hace años, verá por primera vez a los familiares de cuatro de las víctimas de la llamada “Masacre de Trelew” de agosto de 1972 en los tribunales federales de Miami.
De acuerdo con la demanda presentada en octubre de 2020 en el sur de Florida, Bravo y otros militares “dispararon y mataron a 16 prisioneros políticos desarmados e hirieron de gravedad a otros tres” que luego desaparecieron. También participaron en torturas y ejecuciones extrajudiciales que violaron leyes internacionales y de Estados Unidos
Bravo es el único de los acusados que aún no ha enfrentado a la justicia porque las leyes de su país impiden que sea enjuiciado en ausencia. En Estados Unidos, la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura permite acciones judiciales si los acusados están en este país. Bravo se fue de Argentina en 1973. Primero se desempeñó como agregado militar y después de jubilarse se quedó a vivir aquí. Se naturalizó estadounidense en 1987.
La demanda civil fue presentada por Raquel Camps, Eduardo Cappello, Alicia Krueguer y Marcela Santucho, familiares de cuatro de las víctimas. Los demandantes buscan una recompensa económica por los daños que habría provocado el supuesto papel de Bravo en la matanza y un jurado será el encargado de determinar la responsabilidad del exmarino.
Bravo estaba sentado junto a sus abogados con un traje azul oscuro y el cabello blanco tomado atrás en una cola de caballo. Lucía tranquilo mientras la jueza Lauren Fleisher Louis explicaba a los jurados cuáles son las acusaciones que enfrenta.
Junto a sus letrados también estaban dos de los demandantes, Cappello y Camps.
En la jornada fueron elegidos los siete miembros del jurado y comenzaron a presentarse los alegatos iniciales. A lo largo de una semana los demandantes presentarán cerca de una docena de testigos que ofrecerán declaraciones sobre lo que sucedió en la Base Naval Almirante Zar. Bravo deberá declarar públicamente la verdad bajo juramento.
La defensa del exmilitar alega que la demanda es legalmente incorrecta y sin sustento moral. Los abogados de Bravo sostienen que no fue una masacre sino un tiroteo entre militares y un grupo de guerrilleros que intentaba escapar y que las autoridades argentinas lo habían declarado inocente y una ley de amnistía lo absolvió de los delitos de los que se lo acusa.
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