Planned Parenthood, organización que brinda atención de salud reproductiva en Estados Unidos, abandona el programa federal de planificación por estar en contra de la nueva regla impuesta por el presidente Donald Trump, que prohíbe a las clínicas referir mujeres para practicarse abortos.
Alexis McGill Johnson, presidente y CEO interina de Planned Parenthood, dijo que la red nacional de centros de salud de la organización permanecerá abierta y se esforzará por compensar la pérdida de dinero federal.
Sin embargo, Johnson aseguró que muchas mujeres de bajos ingresos dependen de los servicios de Planned Parenthood y en estos casos, habría un retraso en su atención o podrían no recibir el debido acompañamiento.
"No seremos intimidados para retener información sobre el aborto de nuestros pacientes (...) Nuestros pacientes merecen tomar sus propias decisiones de atención médica, no verse obligados a que Donald Trump o Mike Pence tomen esas decisiones por ellos", dijo Johnson.
Respondiendo con su propia declaración, el Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos dijo que los afiliados a Planned Parenthood sabían hace meses sobre las nuevas restricciones pero no tomaron acción inmediata.
"Algunos beneficiarios ahora culpan al gobierno por sus propias acciones, habiendo elegido aceptar la subvención sin cumplir con las regulaciones que la acompañan y están abandonando sus obligaciones de atender a los pacientes bajo el programa", aseguró la agencia de gobierno.
Planned Parenthood no fue la única organización que abandonó. Maine Family Planning, que no está afiliada a Planned Parenthood, también publicó su carta de retiro el lunes.
La Asociación Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva, grupo que cobija diversas clínicas de planificación familiar, está demandando para revocar las regulaciones.
Alrededor de cuatro millones de mujeres son atendidas en todo Estados Unidos bajo el programa Título X, que distribuye $260 millones en subvenciones a clínicas. Planned Parenthood dice que ha atendido al 40% de los pacientes.
Una corte federal de apelaciones en San Francisco está considerando una demanda para revocar las reglas, pero hasta ahora la corte ha permitido que el gobierno de Estados Unidos continúe con la aplicación.
Los argumentos verbales están programados para la semana del 23 de septiembre. Varios estados y la Asociación Médica Americana se han unido a la demanda como demandantes. Los activistas también presionan al Congreso para que revoque la regla.
El 19 de agosto fue la fecha límite establecida por el gobierno para que los participantes del programa aceptaran las nuevas reglas y presentaran su nuevo plan de trabajo. La aplicación comenzará el 18 de septiembre.
Junto con la prohibición de las referencias de aborto por parte de las clínicas, los requisitos de la regla incluyen la separación financiera de las instalaciones que brindan este tipo de servicios designando el asesoramiento sobre el aborto como opcional, en lugar de la práctica estándar y limitando qué miembros del personal pueden discutir el aborto con los pacientes.
¿En qué consiste la regla de planificación familiar?
Esta regla es parte de una serie de esfuerzos para rehacer la política gubernamental sobre salud reproductiva.
Busca complacer a los conservadores que son una parte clave de la base política del presidente Donald Trump. Conservadores religiosos consideran que el programa proporciona un subsidio indirecto a los abortos que realiza Planned Parenthood.
La organización ha calificado la prohibición de las referencias de aborto como una "regla mordaza", mientras que el gobierno de Estados Unidos insiste en que ese no es el caso.
El CEO de Maine Family Planning, George Hill, dijo en una carta al Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos (HHS) que su organización se está retirando "más con pena que con ira", después de 47 años de participar en el programa.
Aseguró además que la regulación del gobierno del presidente Trump comprometería la relación que tienen con sus pacientes, como proveedores confiables de esta atención médica personalizada y privada.
"Es simplemente incorrecto negar a los pacientes información precisa y acceso a la atención del aborto", argumentó Hill.
