Tras una visita de 18 días a Ecuador por parte de una misión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la Alta Comisionada Michelle Bachelet, ha rendido un informe en el que pidió llegar a un acuerdo para prevenir más conflictos.
Bachelet instó este viernes a todos los actores en Ecuador “a entablar un diálogo para prevenir nuevos conflictos y forjar una sociedad incluyente y pacífica con pleno respeto por su naturaleza multicultural”.
El comunicado emitido por la Oficina del Alto Comisionado dijo que tras una visita realizada a Ecuador por una misión de ese organismo, entre los días 21 de octubre y 8 de noviembre, ha pedido “investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos y abusos cometidos en Ecuador durante las protestas del 3 al 13 de octubre”.
La visita fue realizada a pedido del gobierno del mandatario Lenín Moreno y tuvo como objetivos principales “recopilar información de primera mano e identificar posibles violaciones y abusos de los derechos humanos que ocurrieron en el contexto de las protestas”.
Declaran estado de emergencia en Ecuador
El informe de la ONU refiere que investigaron impelidos por las denuncias de “asesinatos, violaciones de normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, detenciones arbitrarias, así como el saqueo y destrucción de la propiedad pública y privada”.
Tras anunciar e implementar medidas de autoridad que incluyeron el alza al precio de los combustibles domésticos y el transporte público, el gobierno de Ecuador recibió la respuesta popular que llevó a marchas multitudinarias, bloqueos de carreteras y enfrentamiento de los manifestantes con las fuerzas policiales en varias partes del país.
Moreno dio marcha atrás a las medidas, pero las denuncias de supuestos abusos de las fuerzas del orden y el vandalismo por parte de desconocidos, ha quedado como un resultado negativo del conflicto nacional.
Resultados investigativos
El equipo de Naciones Unidas se reunió con funcionarios de alto nivel “de todas las ramas del gobierno, con representantes de la sociedad civil, grupos indígenas, periodistas, sindicalistas, trabajadores del sector de la salud y empresas”, señala la comunicación.
Después de entrevistas exhaustivas, la comisión ha recibido informaciones de un total de 9 muertos, 1.507 personas heridas (435 de ellas miembros de las fuerzas de seguridad) y 1.382 personas detenidas.
La misión de derechos humanos de la ONU dice que entre los consultados hay 83 víctimas, que pudo ir a “tres centros de detención y realizó visitas de campo en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Guayas”.
"Los disturbios del mes pasado tuvieron un alto costo humano", dijo Bachelet y recalcó que "Las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lastimadas o arrestadas", pero igualmente advirtió que "es importante que los manifestantes no recurran a la violencia".
Uso de la fuerza y vandalismo
El equipo, reseña el informe, recibió “denuncias de víctimas y testigos del uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.
La misión dijo que las maniobras de contención del aparato del orden ciudadano “no estaban en conformidad con las normas y estándares internacionales, incluido el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza”.
Las víctimas y los testigos informaron al equipo que los oficiales de seguridad “disparaban regularmente gases lacrimógenos y balas de pellets directamente a los manifestantes a muy corta distancia, causando cientos de lesiones y posiblemente algunas de las muertes”.
Si bien reconoce que la Fiscalía y la Policía han abierto 17 y 31 investigaciones respectivamente, el jefe de derechos humanos de la ONU destacó la importancia de investigar las circunstancias de todas las muertes y lesiones graves.
La Alta Comisionada agregó que “es imperativo que se revisen los protocolos internos sobre el uso de la fuerza para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.
Algunos manifestantes “también recurrieron a la violencia y personas no identificadas han sido acusadas de incitar y usar la violencia”, indica la comunicación.
En un rosario de acciones, la ONU enumera: “Los disturbios, los bloqueos de carreteras, los saqueos, los ataques contra docenas de ambulancias, los incendios provocados y la destrucción de propiedades públicas y privadas, el corte del suministro de agua y los daños a las instalaciones de producción de petróleo se utilizaron como medios para expresar la disidencia”.
Según informes oficiales, “más de 400 policías y militares fueron detenidos contra su voluntad y sometidos a hostigamiento y malos tratos”, asegura el informe.
Bachelet también pidió a las autoridades “que se abstengan de declaraciones y otras acciones que puedan conducir a la estigmatización de los pueblos indígenas y extranjeros, así como de periodistas y opositores políticos, exponiéndolos a riesgos adicionales de daños físicos”.
"La desigualdad social y económica sigue siendo una barrera estructural para el desarrollo de vastos sectores de la sociedad, que se han sentido abandonados por generaciones y no ven perspectivas positivas para el futuro", concluyó Bachelet.
