Los hechos son para alarmarse a grado extremo: tres directivos y un articulista del diario El Universo, uno de los más importantes de Ecuador, fueron sentenciados el pasado 20 de julio a penas de tres años de prisión y a pagar una astronómica multa de $40 millones de dólares tras una demanda por injuria presentada por el presidente de la República, Rafael Correa, debido a una columna publicada en el periódico que lo calificó de "dictador".
En el artículo titulado “No a las mentiras”, el periodista Emilio Palacio dijo que el presidente podría ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, al presuntamente haber ordenado abrir fuego contra un hospital durante una rebelión policial el 30 de septiembre de 2010, que según el gobierno fue una intentona de golpe de estado. No conforme con la sentencia, el abogado de Correa dijo que el mandatario la apelará para reclamar los $80 millones que había exigido inicialmente como compensación por habérsele difamado.
Hasta ahí los ingredientes en frío de una querella que no sólo ha originado estupor internacional por tratarse de un fallo que en última instancia coarta la libertad de expresión, sino además por lo desmedida de la sentencia, aun cuando en el terreno legal hubiese asidero para considerar un artículo de opinión materia de delito.
Las reacciones de condena al fallo, reproducidas por todos los principales diarios del continente, fueron inmediatas. Cientos de ecuatorianos se congregaron en los alrededores de El Universo, en Guayaquil, con letreros que decían: “Queremos vivir en libertad sin mordaza”, “Libres, no esclavos”, mientras que el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gonzalo Marroquín, calificó la condena a los periodistas de “grave zarpazo” a la libertad de información.
El Instituto Internacional de Prensa afirmó estar “escandalizado” con el veredicto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que el fallo es contrario “a los estándares regionales en materia de libertad de expresión, y genera un notable efecto intimidatorio y de autocensura que afecta no sólo a las personas condenadas, sino a toda la sociedad ecuatoriana”, en tanto que la organización Human Rights Watch dijo que se trataba de un “ataque frontal a la libertad de expresión”.
El hecho se da en circunstancias poco gratas para el libre flujo de la información en Latinoamérica, donde además de Cuba, en la que desde hace décadas no hay libertad de prensa, y Venezuela, donde recientemente se promulgó una legislación que permite al gobierno regular los contenidos en la radio, la tv y los medios electrónicos, en Ecuador se está a punto de aprobar una Ley de Comunicación en virtud de la cual se crearía una comisión para supervisar a los medios de prensa.
Tal comisión reguladora estaría compuesta por miembros en su mayoría designados directa o indirectamente por el gobierno, y el propio presidente Correa se ha encargado de promoverla alegando que impediría “los excesos de los medios”. Pero periodistas ecuatorianos señalan que el propósito es “silenciar a los medios” sobre todo después de que la prensa desencadenó en 2009 el escándalo de los millonarios contratos públicos que el gobierno adjudicó a Fabricio Correa, hermano mayor del presidente,
Los temores que despierta la nueva ley en Ecuador se justifican porque podría permitir la “censura previa” al limitar el contenido editorial de los medios a la divulgación de informaciones consideradas adecuadas por las autoridades, impondría sanciones a los órganos de prensa, y permitiría la interferencia en lo que se publica de parte del Presidente, quien considera “sicarios de la tinta” a los periodistas que critican o se oponen a su gestión de gobierno.
