En Ecuador está en marcha un esfuerzo del presidente Guillermo Lasso para tramitar una nueva ley que permita “tomar acciones conjuntas para brindar una respuesta integral a la seguridad ciudadana”.
La urgencia tiene lugar después del motín carcelario en la Penitenciaria del Litoral, en Guayaquil, el pasado 13 de noviembre que dejó 61 muertos. En septiembre, 116 reclusos murieron en un hecho similar.
Los motines han sido atribuidos a disputas territoriales y de liderazgo “entre las organizaciones narcodelictivas que operan dentro de las prisiones”.
Los jueces ya han empezado a responder, Iván Saquicela presidente de la Corte Nacional de Justicia pide cambios inmediatos.
“Es indispensable eliminar el llamado pool de jueces y constituir tribunales fijos o permanentes”.
Saquicela dijo en octubre que el número de jueces no alcanza para procesar todos los casos pendientes en las cortes.
Por otro lado, la Asamblea Nacional aprobó un informe de 600 páginas con 131 votos que compiló la Comisión de Soberanía sobre la crisis carcelaria. Horas antes, el presidente de la Comisión Ramiro Narváez había denunciado supuestos chantajes de terceras partes.
“Hay sectores que están interesados en que se omitan algunos temas, tanto del pasado como del presente, y eso no es adecuado”, declaró.
En cuanto a la seguridad en los penales, el Servicio Nacional de Atención Integral a personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) dijo que había 500 policías y 500 efectivos del ejército en el interior de la Penitenciaria del Litoral y poco a poco están tomando el control de los pabellones.
Fausto Cobo, director de SNAI, pide cambios urgentes en la ley que prohíbe que las autoridades y custodios estén armados dentro de estas instalaciones.
“Un cambio que deben hacer en las leyes. ¿Cómo es posible que no se puedan utilizar armas dentro de los pabellones?”, cuestionó.
También se ha informado de órdenes que estarían dando las bandas criminales a los reclusos para que continúen provocando el caos dentro de los centros de detención y sobre la ejecución selectiva de personas en las calles.
Está pendiente una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 1 al 3 de diciembre para conocer el estado de los privados de libertad.
Ecuador tiene una sobrepoblación carcelaria de alrededor de 10.300 reclusos, dentro de más de 39.000 personas que se encuentran detenidas y repartidas en varios penales que se han convertido en lugares de la muerte, según datos del Ministerio de Justicia.
Las autoridades afirman que en la Penitenciaria del Litoral operan más de 20 bandas delictivas que tienen relación con los carteles mexicanos de la droga de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
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