La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su fuerte condena al gobierno de Ecuador por la sanción contra el canal Teleamazonas por haber aplicado el “linchamiento mediático”, delito establecido en la controvertida Ley Orgánica de Comunicación.
La Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley en vigencia desde 2013, sancionó el 13 de febrero al canal Teleamazonas por “linchamiento mediático”, a raíz de comentarios “lesivos” contra Luis Chiriboga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), en un programa deportivo humorístico.
“Esta sanción deja en flagrante evidencia que la ley mordaza ecuatoriana ha creado nuevos delitos de prensa o nuevas formas de penalizar la opinión y la información, con una nueva figura de linchamiento que, por su generalidad, puede ser aplicada con arbitrariedad a cualquier caso”, dijo Gustavo Mohme, presidente de la SIP y director del diario peruano La República.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del semanario uruguayo Búsqueda, agregó que “esta sanción es realmente una forma más del linchamiento oficial contra la libertad de prensa y de expresión, a través de un organismo gubernamental que bajo la excusa de la ética y la legalidad, se entromete en los contenidos y criterios editoriales dictando lo que los medios deben o no decir”.
Esta es la primera sanción por linchamiento mediático en Ecuador, según la Fundación Andina para la Observación Social y Estudio de Medios (Fundamedios).
La denuncia, presentada el 29 de diciembre de 2014 por Chiriboga contra la televisora y los periodistas Arturo Magallanes, Patricio Narváez, Carlos Gálvez y Pamela Ruiz, tiene su origen en un espacio cómico del programa deportivo Dream Team, donde uno de los personajes, representado por un títere, se refirió a “comprar votos” para lograr la reelección a su cargo, en aparente alusión al presidente de la FEF, situación que se habría repetido en cinco ocasiones entre octubre y noviembre de 2014.
La sanción impuesta por la Supercom dispone una disculpa pública a Chiriboga.
El Art. 26 sobre linchamiento mediático, prohíbe “la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”.
A mediados de febrero, la SIP condenó la “censura inquisidora” impuesta por el gobierno al caricaturista ecuatoriano Javier Bonilla, Bonil, y al periódico El Universal, los que fueron amonestados por una viñeta que parodiaba a las autoridades ecuatorianas.
La amonestación obligó al periódico a disculpase públicamente por la caricatura publicada.
