El gobierno de Ecuador rechazó el sábado el abandono de las mesas de diálogo que anunció el principal movimiento indígena del país andino y calificó la medida como antidemocrática.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, desmintió en declaraciones a la prensa que se hayan incumplido los acuerdos firmados con líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador —Conaie— surgidos de las protestas sociales que pusieron en aprietos al presidente Guillermo Lasso a mediados del año pasado.
Cucalón dijo que desde el gobierno no se rompe “diálogo alguno” con ningún sector, por considerarlo un “instrumento fundamental para la estabilidad y la prosperidad”.
La Conaie y sus organizaciones de base, reunidas el viernes en Quito, resolvieron abandonar las mesas de diálogo que instalaron con el gobierno en junio de 2022, tras un paro de casi un mes.
El movimiento llamó a las guardias comunitarias a estar alerta en la defensa de sus territorio ante el avance de la minería y pidió al Legislativo enjuiciar políticamente al mandatario. También convocó a una gran movilización para finales de marzo, cuando planean entregar un proyecto de ley para la defensa de los recursos hídricos.
Cucalón aseguró que toda movilización pacífica será garantizada por el gobierno en respeto a la Constitución, convenios internacionales y los derechos humanos.
Las mesas de diálogo abordaban 10 temas referentes a la focalización de los precios de los combustibles, la condonación de créditos productivos, la suspensión de entrega de licencias mineras, atención a la agenda social de salud y educación, entre otros.
De acuerdo con el gobierno, hasta ahora se ha duplicado el presupuesto para la educación intercultural bilingüe, se entregaron créditos por 120 millones de dólares, se reestructuraron las deudas de hasta 3.000 dólares y se analiza la segmentación de los costos de la gasolina y el diésel.
Pero los líderes indígenas sostienen que no existe voluntad política del gobierno y que “ha continuado avanzando con sus políticas neoliberales, que violentan” sus derechos.
Las protestas de 2022 causaron cierres de carreteras, desabastecimiento y un saldo de cinco muertos y varios heridos, entre ellos protestantes y policías, según las autoridades. Sectores del gobierno y del sector privado estimaron las pérdidas por 1.000 millones de dólares.
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