Una nueva legislación que impide a los periodistas informar libremente sobre las campañas electorales y que ha sido calificada de “ley mordaza” entró este lunes en vigor en Ecuador, como parte de las medidas impulsadas por el presidente, Rafael Correa, contra los medios de prensa privados.
La legislación estipula en su artículo 21 que los medios “se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opiniones, preferencias electorales o tesis política".
Asociaciones de prensa en el país y en el extranjero han dicho que la ley viola la libertad de expresión, y el presidente de la Unión Nacional de Periodistas ecuatorianos, Vicente Ordóñez, aseguró que con esta medida "se consagra la violación de un derecho constitucional que es la libertad de expresión y opinión”.
Ordoñez dijo que en Ecuador se está creando un nuevo organismo para enjuiciar a los periodistas, que es el Consejo Nacional Electoral, que en virtud de la nueva ley “va a determinar qué reportaje, qué mensaje puede beneficiar de manera directa o indirecta a un candidato en un proceso electoral”.
Legisladores de la oposición aglutinados en la Alianza Libertad informaron que interpondrán ante la Corte Constitucional de Ecuador una demanda de inconstitucionalidad contra la ley, que forma parte del denominado Código de la Democracia, que reglamentará los comicios presidenciales de 2013.
El presidente Correa, que ha demandado en los tribunales a varios periodistas y se ha declarado un enemigo jurado de los medios de prensa privados, a los que califica de corruptos y mentirosos, no ha descartado ir en busca de la reelección en esos comicios.
Un juez sentenció el año pasado a tres años de prisión al exjefe de opinión del diario “El Universo” Emilio Palacio, y a otros tres directivos del periódico a pagar una multa de 30 millones de dólares por supuestas "injurias calumniosas" contra su gobierno.
La demanda tuvo su origen en un artículo de opinión titulado “No a las mentiras”, en el que el periodista Palacio se refiere al mandatario como un "dictador" y le acusa de "haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente" durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.
