La fiscalía ecuatoriana decidió cambiar los delitos imputados al informático sueco Ola Bini, acusado en este país de piratería electrónica y de conspiración contra el gobierno del presidente Lenín Moreno.
La decisión se tomó este martes, a tan sólo dos días de que se cumpla el plazo de instrucción, es decir, el periodo con el que cuenta la fiscalía para presentar cargos. En Ecuador, este plazo dura 90 días.
Para cumplir con este propósito, el fiscal Fabián Chávez, quien lleva el caso, pidió una cita en el juzgado el jueves para la reformulación de cargos, que aún no se conocen.
La organización Amnistía Internacional ha denunciado interferencia del gobierno ecuatoriano en el proceso judicial contra Bini e irrespeto a sus derechos humanos. Tanto la defensa como el propio Bini han negado cualquier acto ilícito y han exigido la presentación de pruebas a la fiscalía.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, y otras autoridades acusaron a Bini de los delitos ya mencionados. Entre los elementos que dispararon la alerta del régimen está el hecho de que Bini visitó en 12 ocasiones al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, durante su asilo de siete años en la embajada ecuatoriana en Londres y que coincidió en muchos viajes internacionales con el excanciller ecuatoriano y opositor Ricardo Patiño, actualmente prófugo de la justicia.
El 11 de abril, Bini fue detenido en el aeropuerto de Quito y liberado 71 días después gracias a un recurso de habeas corpus, derecho que tiene un detenido para comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse.
Bini ha negado cualquier acto ilícito y ha dicho que está dispuesto a colaborar con la justicia.
