Por disposición de gobierno del presidente Daniel Ortega, las remesas familiares que reciban los nicaragüenses, a partir de los 500 dólares, deberán ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), según una polémica disposición publicada en el Diario Oficial, La Gaceta y criticada por algunos sectores políticos del país que consideran que esta medida podría ser una forma de investigar a manifestantes que han participado en las protestas contra el gobierno.
Según la orden presidencial, las instituciones financieras o no financieras que ofrecen el servicio de captación de remesas deberán detallar el nombre del emisor y beneficiario de la misma, ya sean personas naturales o jurídicas, cuando la cantidad sea igual o mayor a 500 dólares en una operación, explica la publicación de La Gaceta. La normativa también incluye las transacciones en efectivo, transferencias electrónicas de dinero, venta de oro, así como de autos nuevos y usados.
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Según el ejecutivo, el objetivo de dicha normativa tiene como supuesto objetivo contribuir en la lucha contra del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Opositor: “Normativa de UAF es para espiar”
Para el economista y exdiputado Eliseo Núñez, la aprobación de dicha normativa tiene como único fin el controlar e investigar a líderes opositores que están en los sectores más pobres del país, pues a su juicio Nicaragua no es una nación de alto riesgo en asuntos de terrorismo o lavado de dinero.
“Ellos se han movido dentro de los límites máximos que le permite la costumbre internacional para prevenir el lavado de dinero y todo este tipo de cosas, es decir si llegas la UAF y preguntas por eso, ellos te van a decir que están dentro de los parámetros internacionales, lo cual es absolutamente cierto, pero una cosa es que estés en el parámetro extremo y el parámetro medio. Estos parámetros extremos se construyen para países de alto riesgo en terrorismo, lavado de dinero”, mencionó Núñez y ejemplificó a Nigeria, en África.
“Un país como Nigeria, exportador de petróleo en grandes cantidades, con problemas de minería, problemas de terrorismo, (ahí) evidentemente los parámetros tienen que ser mucho más rígidos y más cortos que los parámetros que en un país como Nicaragua que ellos mismos (el gobierno) sostenía que era el país más seguro de América Central”, agregó Núñez.
El economista afirmó que la UAF no tiene capacidad de manejar el volumen de información de todo el país, por lo que únicamente el objetivo sería investigar a blancos muy específicos de opositores, “es decir, van a poder investigar a gente que están siguiendo y que quieren apresar e involucrar en temas de lavado de dinero”.
Especialista en finanzas: “Esto no es nada nuevo”
Sin embargo, la experta en finanzas personales Gisella Canales, autora del sitio web Delepesoasuspesos, explicó a la Voz de América que la normativa aprobada por el gobierno de Ortega no es algo nuevo, sino básicamente es la implementación de estándares internacionales que garantizan la transparencia en el manejo del dinero.
“Básicamente (la medida de la UAF) es que quienes hagan transacciones den un reporte del emisor y el receptor; generalmente se hace con cualquier operación que sea sospechosa. Y esto no es nuevo, desde que se conformó la UAF esta se ha ido plegando a estos reportes y ahora se incluyó el tema de remesas en un monto”, indicó.
Canales cree que la medida de la UAF no impactará de forma negativa a los nicaragüenses y cita datos oficiales que indican que en promedio los nicaragüenses reciben 187.3 dólares.
“La mayoría de las remesas que entran a este país están por debajo del monto que tiene esta normativa”, dijo Canales.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue creada en septiembre de 2012 mediante un acuerdo presidencial. En ese entonces fueron nombrados como director y subdirector de la UAF, Denis Membreño Rivas y Aldo Sáenz Ulloa.
La mayoría de sus componentes son militares activos, lo que genera desconfianza para el opositor y economista Eliseo Núñez; “Ese es el problema de fondo. La UAF no goza de ninguna confianza. Son militares, no en retiro, son en servicio activo, bajo licencia y estos trabajan para el partido Frente Sandinista”.
“Así quieren controlar a la gente de los barrios, a las poblaciones más pequeñas, porque ellos (el gobierno) asumen que ahí fue donde estuvo el financiamiento de los tranques, barricadas, y todo lo demás. Eso es lo que quieren buscar, no sé si recuerdan que cuando las primeras acusaciones de terrorismo, parte de las pruebas eran transferencias de remesas que se hacían a través de Western Union”, finalizó Núñez.
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Le medida dictada por el ejecutivo se da en medio de un contexto político catalogado como tenso por diversos sectores, debido a las protestas que estallaron contra el presidente Daniel Ortega en Nicaragua, desde hace un año, y que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejó como saldo más de 300 muertos y miles de heridos.
En la actualidad, existen negociaciones entre la oposición y el gobierno de Ortega para encontrar una salida pacífica la situación; sin embargo, estas no han avanzado por falta de arreglo entre las partes.
