Han pasado tan solo cinco meses desde el anuncio de Pedro Castillo de disolver el Congreso de Perú para que, en América Latina, otro presidente, el ecuatoriano Guillermo Lasso, tomara la misma decisión. No obstante, existen grandes diferencias entre la situación en ambos países.
En principio, hay una diferencia constitucional “de forma y de método, pues en Ecuador el mandatario puede actuar de manera inmediata cuando lo considere necesario, mientras que en Perú el presidente debe surtir un proceso administrativo, operativo y de orden legal”, explicó el analista internacional Luis Alberto Villamarín a la Voz de América.
En Ecuador, Lasso, acusado de corrupción por el Congreso y amenazado de destitución, acudió a una acción amparada por la Constitución de su país -contemplada en el 2008- por “grave conmoción interna y política”, según dijo. Esta deja a criterio del mandatario el disolver la Asamblea Nacional, siempre y cuando se cumplan ciertas circunstancias. Una de ellas es que las acciones de la Legislatura bloqueen el funcionamiento del gobierno.
En Fotos: La fuerza pública custodia la Asamblea Nacional de Ecuador tras su disolución
Al decretar disolución del Legislativo, a través de la denominada “muerte cruzada”, se deben celebrar elecciones generales anticipadas, poniendo el mandatario así también en juego su futuro político, con el fin de renovar los poderes legislativo y ejecutivo. Por el momento, Lasso podrá gobernar hasta por seis meses por decreto, con el control de la Corte Constitucional.
En el caso peruano, el expresidente Castillo, quien estaba a punto de que se aprobara un juicio político en su contra, disolvió el 7 de diciembre el Congreso, anunció que gobernaría por decreto e instauró un gabinete de emergencia nacional. En este sentido, acudió a una de sus facultades, respaldado por el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, que apunta a que “el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”.
Como antecedente, el 11 de noviembre pasado, el Congreso de Perú se negó a atender una moción de confianza y el gobierno de Castillo la asumió como rechazada, con lo cual necesitaría solo una segunda negativa. No obstante, un día antes de la disolución, el Tribunal Constitucional peruano informó que aún no estaba de acuerdo con interpretar si eran cuestión de confianza las solicitudes previas y que Castillo estaba imposibilitado de cerrar el Parlamento.
Para Germán Sahid, catedrático de la Universidad del Rosario, lo que sucedió en Perú “fue ilegal”, mientras que el caso en Ecuador es “legal”. El presidente Castillo, “de manera abusiva, y contraria al orden constitucional, anuló una rama del poder público, y eso es contrario al espíritu democrático de la Constitución peruana. En el caso de Ecuador, el presidente tiene la potestad de anular las dos ramas del poder público”, explicó el analista a la VOA.
“Suicida al Congreso y se suicida él, por así decirlo, entonces políticamente queda el equilibrio de poderes”, observó el experto.
En síntesis, agrega Héctor Galeano, internacionalista y catedrático del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, en Colombia, la gran diferencia “es que hay un soporte constitucional que Lasso tiene para hacer este procedimiento” que Castillo no “cumplió”.
Apoyo de las Fuerzas Militares
Sahid recalcó a la VOA que la función de las fuerzas militares, “en cualquier país democrático, es defender la Constitución. Son las guardianas del orden constitucional y, sin atender a discursos políticos, sin ser beligerantes, son las que equilibran y terminan dando legitimidad o ilegitimidad a alguna acción del gobierno”, en países como Perú y Ecuador.
En el caso de Perú, opositores del expresidente y expertos constitucionales aseguraron que la acción de Castillo se trataba de un “golpe de Estado”. Por su parte, las Fuerzas Militares le dieron la espalda al expresidente, en lo que denominaron un autogolpe, y mostraron su respaldo a la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ecuatorianas, por su parte, aseguraron que la decisión de Lasso de disolver la Asamblea estaba consagrada en la Constitución.
Para el académico de la Universidad del Rosario, en Ecuador, las Fuerzas militares hablaron para “demostrar que es legal lo que hizo el presidente Lasso y dos, para contener cualquier eventual subversión o manifestación ciudadana de algún elemento subversivo de Ecuador que quisiera aprovechar esta situación de anulación de ramas del poder público para generar desórdenes o rupturas institucionales en el Ecuador”.
En el caso del Perú, dice Sahid, “ante la incertidumbre de esa actuación y si eventualmente la acción de Castillo hubiera tenido legitimidad de la ciudadanía”, las fuerzas militares equilibraron “la balanza”.
Diferentes destinos
Los destinos de los mandatarios es muy diferente, según los analistas. Para Villamarín, las diferencias entre ambos están relacionadas con la gran ventaja que le lleva Lasso a Castillo frente a idoneidad gerencial, nivel cultural, conocimiento sociopolítico del país, relaciones con el sector productivo, mayor confianza de la Casa Blanca, relaciones respetuosas con las instituciones armadas, seguidores políticos mejor estructurados, relativa mejor relación con los medios y capacidad gubernamental, entre otros aspectos.
Otro componente, agrega Galeano, es que además de que “Castillo cometió un error, la actual presidenta de Perú “se ha apoderado del asiento presidencial y no ha convocado a unas elecciones”.
En Ecuador, agrega, se pueden dar varias lecturas. Primero Lasso “tiene un resorte constitucional y eso es incuestionable”. La otra es que algunos sectores del correísmo lo critican porque consideran que su jugada le permitió “evadir lo que parece que era una inminente destitución”.
Otra interpretación que hace Galeano es que “el correísmo está obteniendo un triunfo” si Lasso sale del poder, pero tendría el reto de solventar el año largo que le queda de mandato.
No obstante, para el analista Villamarín, aunque Lasso cuenta con el respaldo de las Fuerzas Militares y de la Policía, no es garantía de “que la izquierda continental, el narcotráfico y opositores de oficio que abundan en Ecuador, no convoquen a protestas callejeras exigiendo la salida del mandatario”, generando desmanes y violencia, y una “inevitable crisis de gobernabilidad en la que Rafael Correa buscará aparecer como el Mesías salvador, que fue víctima de la derecha que representa Lasso”.
Hasta el momento, lo cierto es que el expresidente Castillo está recluido en el penal de Barbadillo, mientras es investigado por el presunto delito de rebelión y conspiración por intentar un “golpe de estado” para establecer un gobierno de excepción. En cuando a Lasso, continúa presidiendo Ecuador hasta que se celebren las elecciones para elegir el próximo presidente y miembros de la Asamblea Nacional ecuatoriana.
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