La “dramática” situación socioambiental que enfrenta Venezuela continúa siendo parte de la crisis general que se “silencia y obvia” tanto por decisores políticas y económicas como por parte de la mayoría de la población, expone el más reciente informe del Observatorio de Ecología Política (OEP) de Venezuela.
La agudización de derrames petroleros, la “destrucción” de áreas protegidas, particularmente en áreas de proyectos de “turismo de élite”, así como la deforestación, el impacto de la minería ilegal en el sur del país, así como la inseguridad e injusticia hídrica son algunos de los problemas socioambientales que desglosa el OEP en su informe anual.
Francisco Javier Velasco, antropólogo y miembro del OEP, organización dedicada a visibilizar y analizar las desigualdades e impactos socioecológicos, afirma que en 2022 registró un “recrudecimiento” de los problemas socioambientales, situación marcada por la estructural “agravada” que atraviesa el país y una “crisis ecológica global surcada por tensiones geopolíticas”.
“Una vez más, el Estado venezolano no atendió los impactos socioambientales fundamentales. Más aún, los problemas y conflictos derivados y asociados se exacerbaron en gran parte, comprometiendo seriamente el entramado vital, debido a políticas oficiales que, de manera sistemática, han promovido el extractivismo, formulando proyectos de los que no se publican detalles”, precisa la investigación.
Además, destaca que en Venezuela han continuado políticas y proyectos “de bajo perfil, con capitales en la sombra, que avanzan silenciosamente destruyendo ecosistemas, como ocurre con nuevos proyectos turísticos, industriales y agroindustriales”.
En varias ocasiones, diversos funcionarios gubernamentales, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, han asegurado que la Ley de Zonas Económicas Especiales sancionada el año pasado por la Asamblea Nacional de mayoría chavista pretende “promover la actividad económica productiva nacional y extranjera en territorio nacional”, así como generar “riquezas y nuevas fuentes de desarrollo”.
Derrames petroleros
En Venezuela se reportaron 86 derrames petroleros en 2022, lo que evidencia un incremento en comparación con el 2021, cuando se identificaron 73 derrames.
“El promedio es de siete derrames de crudo al mes. Los estados que reportaron derrames constantes durante todo el año son Anzoátegui, Falcón y Zulia”, resalta el informe elaborado a partir de la “sistematización de denuncias” y reportes de medios de comunicación, así como la constatación in situ.
Pero las cifras “no expresan” la magnitud de la situación, sostiene Elsa Gabriela Rodríguez, socióloga e investigadora del OEP.
“Es lo que aparece en medios de comunicación. Sabemos que la magnitud y la extensión es mucho más, pero no se visibiliza (…) no es solo un número, detrás de cada derrame hay un rastro de las consecuencias que deja en las distintas comunidades y en los ecosistemas y en muchos casos las implicaciones son irreversibles”, afirmó al presentar el informe.
El OEP pudo constatar los “graves” impactos socioambientales de la industria petrolera en diversas comunidades y territorios de los estados Zulia y Falcón (occidente del país), donde observaron pozos petroleros “abandonados que contaminan fuentes de agua potable, sedimentos de crudo en la arena y en moluscos”.
Además, resaltó que en 2022 se produjeron incendios y explosiones en distintas instalaciones de Petróleos de Venezuela (PDVSA); el OEP registró 10 siniestros.
Aunque los expertos insisten en que la población venezolana debería tener a su disposición información detallada sobre la situación, “no existe ningún tipo de información oficial”, una de las razones que ha llevado a diversas organizaciones, entre ellas el OEP, a monitorear reportes y denuncias sobre los derrames petroleros en el país.
Minería ilegal
El informe precisa cómo la minería ilegal está generando “nefastas consecuencias” socioambientales en distintos puntos del territorio venezolano, especialmente en el sur. Además, hace énfasis en el “deterioro” de las condiciones de vida de los pueblos indígenas, e incluso el asesinato de muchos de ellos.
“El auge de la minería ilegal en Venezuela ha impulsado cada vez más la irrupción de agentes externos en territorios indígenas. Según la organización Venezuela 360, el 60% del territorio más prístino del país está controlado por grupos armados irregulares”, cita la investigación.
En su más reciente actualización oral, la Misión Internacional para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM) expuso las denuncias de comunidades indígenas en el Arco Minero del Orinoco sobre ataques violentos contra sus líderes, en medio de operativos gubernamentales para combatir el narcotráfico y la minería ilegal.
Sin embargo, en varias ocasiones el gobierno venezolano ha cuestionado el trabajo de la FFM y ha asegurado que se utilizan a las organizaciones de DDHH internacionales como instrumento de “ataque” contra el país, “con oscuros fines políticos”.
Deforestación “un país menos verde”
De acuerdo al OEP, en 2022 las denuncias por pérdida de masa arbórea no cesaron y señala datos del Global Forest Watch, que advierte sobre la disminución “acelerada” de bosques naturales en el país al precisar que en cinco años se registró una pérdida de 157.303 hectáreas anuales.
La situación “no se circunscribe” a la Amazonía venezolana, continúa el informe. Por ejemplo, en el parque Nacional Sierra Nevada del estado Mérida, en el suroeste de Venezuela, fueron taladas 12 hectáreas de árboles en 2022, según denuncias del Proyecto EPA.
En ciudades como Caracas la tala y poda “indiscriminada” de árboles se ha vuelto frecuente y ha sido denunciada a través de diversos medios de comunicación. En algunas zonas se han llegado a sustituir árboles por palmeras y grama de plástico, alerta el OEP que presenta ejemplos en su informe.
“Turismo de élites”
Otro de los aspectos que destaca la investigación es el desarrollo de diversos proyectos en áreas naturales protegidas, expresa preocupación ante el avance del denominado “turismo premium” debido a las consecuencias ambientales que implica para los ecosistemas y se refiere a “casos emblemáticos” que fueron tendencia en 2022.
“Este tipo de turismo está dirigido a una élite económica que, al parecer, tienen puerta franca para realizar actividades que contravienen las normativas establecidas para la protección de las áreas protegidas en el país”, puntualiza.
Esta semana Maduro se refirió a la necesidad de “adoptar y promover nuevas prácticas de vida más sostenible, así como la recuperación de los ecosistemas vitales para garantizar el futuro de bienestar y armonía con la naturaleza”.
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