Amnistía Internacional (AI) destaca en su informe anual avances "significativos" en el continente americano en el enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos, pero denuncia que persisten las violaciones debido a las políticas de seguridad de varios países, amenazas y homicidios de periodistas y defensores de los derechos humanos y los ataques a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Amnistía criticó la violencia delictiva y policial como “un problema grave” de Venezuela, enfatizando que la mayoría de los abusos atribuidos a la policía no se investigan y que en 2011 “se siguieron formulando cargos por motivos políticos contra detractores el gobierno”. El grupo de derechos humanos destacó también “las condiciones del hacinamiento extremo” en la cárceles venezolanas y denunció amenazas contra los defensores de derechos humanos.
Sobre Cuba, el informe de Amnistía Internacional dice que el gobierno comunista de la Isla caribeña mantuvo la represión en 2011 pese a las excarcelaciones. “Cientos de disidentes y activistas por la democracia sufrieron hostigamiento, intimidación y detenciones arbitrarias”, y las autoridades cubanas “continuaron limitando severamente la libertad de expresión, reunión y asociación de disidentes políticos, periodistas y activistas de derechos humanos a los que sometieron a arrestos domiciliarios arbitrarios”.
No obstante, Amnistía Internacional también subrayó el efecto negativo que tiene sobre la salud de la población, especialmente en los grupos marginados, el embargo económico y comercial impuesto por Estados Unidos desde 1961 a Cuba y recordó que la Asamblea General de la ONU aprobó el año pasado por “vigésimo año consecutivo”, una resolución que pide levantar ese embargo.
En relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, AI apunta que este organismo fue blanco de continuos ataques por parte de varios Estados durante 2011. Cita el caso de Brasil que retiró a su embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) como represalia por la petición de la Comisión de que se suspendieran las obras del proyecto hidroeléctrico de Belo Monte hasta que se hubiera consultado debidamente a las comunidades indgenas afectadas.
Sobre seguridad y derechos humanos, el informe de AI señala que los gobiernos siguieron explotando motivos "legítimos de preocupación sobre la seguridad pública y los elevados índices de delincuencia para justificar o ignorar las violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad". En México, El Salvador, Guatemala, Honduras, la República Dominicana y Venezuela, y en Brasil se utilizaron a los ejércitos en labores de seguridad pública.
En Colombia, el largo conflicto armado interno siguió "infligiendo indecibles sufrimientos a comunidades civiles de todo el país".
Al finalizar 2011, casi dos años después de que expirase el plazo fijado por el presidente estadounidense Barack Obama para el cierre del centro de detención de Guantánamo, quedaban aún en la base más de 150 detenidos.
En relación a la pena de muerte, en Estados Unidos fueron ejecutados durante el año 43 presos, todos por inyección letal. Eso elevaba a 1.277 el número de personas ejecutadas desde que la Corte Suprema de Estados Unidos levantó la suspensión de la pena de muerte.
Amnistía criticó la violencia delictiva y policial como “un problema grave” de Venezuela, enfatizando que la mayoría de los abusos atribuidos a la policía no se investigan y que en 2011 “se siguieron formulando cargos por motivos políticos contra detractores el gobierno”. El grupo de derechos humanos destacó también “las condiciones del hacinamiento extremo” en la cárceles venezolanas y denunció amenazas contra los defensores de derechos humanos.
Sobre Cuba, el informe de Amnistía Internacional dice que el gobierno comunista de la Isla caribeña mantuvo la represión en 2011 pese a las excarcelaciones. “Cientos de disidentes y activistas por la democracia sufrieron hostigamiento, intimidación y detenciones arbitrarias”, y las autoridades cubanas “continuaron limitando severamente la libertad de expresión, reunión y asociación de disidentes políticos, periodistas y activistas de derechos humanos a los que sometieron a arrestos domiciliarios arbitrarios”.
No obstante, Amnistía Internacional también subrayó el efecto negativo que tiene sobre la salud de la población, especialmente en los grupos marginados, el embargo económico y comercial impuesto por Estados Unidos desde 1961 a Cuba y recordó que la Asamblea General de la ONU aprobó el año pasado por “vigésimo año consecutivo”, una resolución que pide levantar ese embargo.
En relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, AI apunta que este organismo fue blanco de continuos ataques por parte de varios Estados durante 2011. Cita el caso de Brasil que retiró a su embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) como represalia por la petición de la Comisión de que se suspendieran las obras del proyecto hidroeléctrico de Belo Monte hasta que se hubiera consultado debidamente a las comunidades indgenas afectadas.
Sobre seguridad y derechos humanos, el informe de AI señala que los gobiernos siguieron explotando motivos "legítimos de preocupación sobre la seguridad pública y los elevados índices de delincuencia para justificar o ignorar las violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad". En México, El Salvador, Guatemala, Honduras, la República Dominicana y Venezuela, y en Brasil se utilizaron a los ejércitos en labores de seguridad pública.
En Colombia, el largo conflicto armado interno siguió "infligiendo indecibles sufrimientos a comunidades civiles de todo el país".
Al finalizar 2011, casi dos años después de que expirase el plazo fijado por el presidente estadounidense Barack Obama para el cierre del centro de detención de Guantánamo, quedaban aún en la base más de 150 detenidos.
En relación a la pena de muerte, en Estados Unidos fueron ejecutados durante el año 43 presos, todos por inyección letal. Eso elevaba a 1.277 el número de personas ejecutadas desde que la Corte Suprema de Estados Unidos levantó la suspensión de la pena de muerte.
