Una organización defensora de derechos fundamentales denunció el martes la "desaparición forzada" de un enfermero y defensor de los derechos laborales que participaba activamente en manifestaciones para exigir reivindicaciones laborales y salariales en Venezuela.
De acuerdo a la organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) el activista José Antonio Cádiz fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el lunes a mediodía mientras se dirigía a su casa en el centro de Caracas.
Posteriormente, el martes por la noche, la organización anunció que, según sus familiares, Cádiz fue liberado.
Provea informó que los familiares de Cádiz acudieron a distintas sedes policiales de la capital venezolana para obtener información sobre el defensor de DDHH, sin embargo “ninguna autoridad” les daba respuesta.
“Se encuentra en desaparición forzada”, denunció la organización, una de las más antiguas de Venezuela, y recordó que, en los últimos dos años, Cádiz había participado en diversas protestas para exigir mejoras salariales y denunciar la desmejora de los derechos contractuales de los trabajadores.
Moraima Contreras, esposa de Cádiz, relató a través de un audio divulgado por su abogado que fue detenido en una aparente redada, junto a otras personas que posteriormente fueron liberadas.
Cádiz es conocido por denunciar la precaria situación que atraviesan los trabajadores venezolanos; ha protestado descalzo, con sus zapatos rotos en la mano, para evidenciar que los salarios no dan ni para cubrir las necesidades más básicas.
Defensores de derechos humanos se pronunciaron para exigir su inmediata liberación.
“Rechazamos la detención arbitraria del enfermero José Cádiz, un hombre luchador que lo que ha hecho es exigir condiciones de trabajo y un salario digno. Esto es una gran injusticia. Exigimos su libertad inmediata”, escribió en la red social X el coordinador de Monitor Salud y dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, Mauro Zambrano.
A inicios de este mes seis activistas y líderes sindicalistas fueron condenados a 16 años de cárcel acusados por los delitos de “conspiración” y “asociación para delinquir”. Según el fiscal general, Tarek William Saab, los activistas no son dirigentes sindicales y los señaló de estar involucrados en “actividades conspirativas” contra el gobierno.
Dos relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtieron hace casi dos semanas que condenar a sindicalistas y dirigentes sindicales por cargos de terrorismo es un “abuso crónico” de las leyes antiterroristas de Venezuela “utilizada en contra de quienes defienden los derechos” de los trabajadores.
“Estas condenas son un ataque a la libertad de asociación, dirigido contra organizaciones cuya razón de ser es atraer a los individuos a la acción colectiva para mejorar sus vidas y las de sus comunidades”, precisaron en un comunicado divulgado el 11 de agosto.
El fiscal general manifestó “total desacuerdo” con la posición de los relatores y rechazó que “se haya orquestado una campaña que pretende difundir que las condenas” se deben a su “supuesta participación en organizaciones sociales”.
Defensores de DDHH denuncian que el gobierno venezolano busca “criminalizar” la protesta de gremios y organizaciones sindicales que se pronuncian para exigir reivindicaciones laborales y salariales.
En su más reciente actualización oral presentado en marzo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) destacó que “tras la disminución de las protestas masivas, la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al gobierno” y se refirió directamente al caso de los dirigentes sindicales condenados a 16 años.
Durante el primer semestre del 2023, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 4.351 protestas en toda Venezuela, un incremento de 12 % en comparación con el primer semestre del 2022 y precisa que los derechos laborales fueron exigidos en 3.112 de las manifestaciones, en rechazo al salario mínimo oficial.
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