Tres años después que el gobierno de México desplegará al ejército para contener la migración irregular hacía su territorio y hacia Estados Unidos, organizaciones defensoras de los derechos humanos exigen a la Corte Suprema de Justicia de México declarar inconstitucional la medida.
Con la presentación de una demanda bajo la figura amicus curiae, los colectivos Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez (PRODH), Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, buscan dejar en evidencia “los riesgos de la militarización de la política migratoria”.
A través de un comunicado conjunto, señalaron que junto al recurso presentaron pruebas documentales sobre abusos y violaciones contra migrantes -como “abuso de la fuerza, encapsulamiento […], uso de armas de fuego”- cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.
“El amicus aborda específicamente las facultades de control y verificación migratoria otorgadas a este cuerpo de seguridad militarizado […] por los riesgos y consecuencias que tiene su involucramiento en tareas migratorias para los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional”, cita el documento.
El uso del ejército para tareas de carácter migratorio se dio luego que, en 2019, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionara a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para contener la migración sin precedentes que se movía hacia la frontera sur.
El inédito despliegue de miles de militares en las fronteras norte y sur, conformada principalmente por policías militares, según datos revelados por los organismos, hasta febrero de 2022, contabilizaban 99.946 solo en México; mientras que 15.822 habían sido ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9.298 miembros en estados de la frontera sur.
Casos de abusos
En febrero de 2021 la fiscalía general de Tamaulipas informó sobre el asesinato de 19 migrantes (14 de ellas provenientes de Guatemala) en el municipio de Camargo, hecho por el que se responsabilizó a 12 agentes de la policía estatal.
Los tres organismos han solicitado al supremo mexicano intervenir “a la brevedad”, en especial en un momento en que el Instituto Nacional de Migración (INM) les ha asignado el resguardo de las Estaciones Migratorias del país.
Por su parte el INM, ha dado a conocer en repetidas ocasiones que realizan un trabajo coordinado con las instituciones de Defensa Nacional para garantizar “una migración segura, ordenada y regular con respeto a los derechos humanos de las personas sin discriminación alguna”.
En su último informe, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) reveló que los migrantes irregulares son sometidos a abusos y que estos se quedan impunes por falta de denuncias o indiferencia de las autoridades de los países de tránsito o destino.
Según el documento, los abusos provienen tanto de traficantes de personas como de funcionarios, quienes usan la violencia “como una forma de castigo, intimidación o coerción”.
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