Un equipo de asesores designado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, prevé presentar este martes una demanda ante un tribunal de Nueva York para buscar la nulidad del bono PDVSA 2020.
La junta administrativa de Petróleos de Venezuela designada por Guaidó informó que pedirá que se declaren ilegales estos bonos emitidos por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, cuya garantía es la filial CITGO, tras fracasar la vía negociada con los acreedores.
La comisión creada por la Asamblea Nacional para renegociar la deuda y proteger los activos dará el anuncio sobre las acciones legales que se van a tomar el martes, según dijo el propio Guaidó en una rueda de prensa en Caracas.
"Por el momento estamos en estos 90 días donde refinaremos una estrategia muy precisa para proteger los activos", dijo el presidente encargado.
Esta estrategia busca proteger a CITGO, un refinador controlado en Estados Unidos por el gobierno interino de Guaidó, de cualquier embargo de los tenedores del bono PDVSA 2020.
El lunes se vencía un pago de 900 millones de dólares en capital e intereses del bono, el cual no se completó. Los bonistas tienen el derecho a embargar la mitad de los activos de CITGO (50,1%) como garantía ante el impago.
Sin embargo, la semana pasada, el Departamento de Tesoro intervino en el asunto, emitiendo una licencia que prohibe a los tenedores del bono PDVSA 2020 ejecutar la garantía por 90 días. Con esta acción, Estados Unidos protegió temporalmente a CITGO de ser embargada por estos acreedores.
En un comunicado emitido el lunes, los directivos ad hoc de PDVSA informaron que entablaron negociaciones con los titulares del Bono 2020, para tratar de encontrar una solución razonable a las obligaciones restantes.
Sin embargo, a pesar de “todos los esfuerzos realizados a la fecha”, no alcanzaron “un arreglo razonable con los tenedores de los Bonos 2020”.
Julio Borges, comisionado del presidente interino para las Relaciones Exteriores, aseguró a medios este martes que las acciones legales que se tomará al respecto serán las anunciadas por Guaidó.
"Citgo está en peligro precisamente por la dictadura de Maduro", indicó Borges, aclarando que nunca han dejado de negociar con acreedores.
¿Cuál es el argumento legal?
La Asamblea Nacional declaró ilegal la deuda del bono PDSVSA 2020 a mediados de octubre.
Según el documento aprobado por el parlamento de mayoría opositora, el contrato de emisión del bono 2020 “violó el artículo 150” de la constitución venezolana porque, al “ser un contrato de interés público nacional, suscrito con sociedades mercantiles extranjeras”, debió contar con la autorización de la Asamblea Nacional.
“Esos bonos parten de una ilegalidad porque cuando fueron otorgados, la Asamblea Nacional en el año 2016 dijo que esos bonos tenían que ser aprobados (…) y su garantía, que es CITGO, aprobada [también] por la asamblea”, dijo Carlos Vecchio, el embajador de Guaidó en EE.UU. a la Voz de América.
El gobierno interino canceló en abril de este año —con la aprobación de la OFAC—la cuota anterior (71 millones de dólares) con parte de los fondos de Venezuela congelados en EE.UU.
Los representantes de Guaidó argumentan que este pago se hizo “bajo protesta” para evitar perder CITGO, según un comunicado de la oficina del procurador especial designado por el gobierno interino, Juan Ignacio Hernández.
“Ese pago se hizo, precisamente, para tener las condiciones y tiempo necesario” para “diseñar e implementar” una estrategia oridentada a salvar “los derechos de PDVSA derivados del bono”, añadió el comunicado.
Lo que el equipo de Guaidó quiere intentar, explicó a la VOA Rodrigo Olivares-Caminal, profesor de la universidad Queen Mary en Londres, es si se puede cancelar toda la deuda. "Entonces se está cuestionando la validez de la deuda en sí misma y la validez de la garantía", que es CITGO, explicó el profesor.
Sin embargo, algunos expertos dudan de que la demanda prospere el los tribunales estadounidenses.
"No creo que vayan a ganar este argumento", dijo a la VOA Russ Dallen, abogado y socio de la firma de inversores Caracas Capital. "Los bonistas tienen el derecho a tomar la colateral bajo los términos del contrato", añadió.
Para Dallen, la demanda es "una táctica de negociación" para presionar a los tenedores del bono a llegar a un acuerdo.
